El presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ha desatado una intensa controversia nacional tras declarar públicamente que la policía municipal debe “abatir” a delincuentes armados que estén cometiendo actos violentos o atacando a la ciudadanía.
“Si ven que están disparando, hay que abatirlos; si están agrediendo a la ciudadanía, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con esos lacras de la sociedad”, expresó el alcalde en una transmisión en vivo, como aparente respuesta al asesinato de una trabajadora del Ayuntamiento, ocurrido recientemente.
La declaración, difundida ampliamente en redes sociales y medios locales, ha dividido opiniones en la comunidad. Por un lado, ciudadanos aplauden la postura de “mano dura” ante la creciente violencia en Michoacán, especialmente en Uruapan, una de las zonas más golpeadas por la presencia del crimen organizado. Por otro lado, organismos de derechos humanos y expertos en seguridad han advertido que este tipo de discursos podrían abrir la puerta a abusos de autoridad, ejecuciones extrajudiciales y un debilitamiento del estado de derecho.
Críticas desde la sociedad civil
Diversas organizaciones no gubernamentales han emitido comunicados expresando su preocupación ante lo que consideran un llamado a la fuerza letal sin protocolos legales claros. Señalan que, si bien es urgente atender la inseguridad en Michoacán, las fuerzas del orden deben actuar dentro del marco que establece la ley, respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Contexto de violencia creciente
La declaración del edil se da en un contexto de tensión e inseguridad persistente en la región. Michoacán ha sido escenario de múltiples enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y asesinatos vinculados al crimen organizado. Uruapan, en particular, ha vivido episodios de violencia que han provocado el temor de la población y un llamado urgente a fortalecer la seguridad pública.
¿Discurso o política?
Aunque el alcalde no ha emitido una directriz formal por escrito, sus declaraciones generan inquietud respecto a si se busca establecer un nuevo criterio operativo para la policía municipal, que podría chocar con los lineamientos estatales y federales sobre el uso de la fuerza.
Hasta el momento, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni el Gobierno del Estado han emitido un pronunciamiento oficial sobre la postura del alcalde, aunque se espera que en los próximos días haya posicionamientos de mayor alcance.
El caso de Uruapan vuelve a poner sobre la mesa el difícil equilibrio entre seguridad pública y respeto a los derechos humanos en regiones asediadas por la violencia criminal.