- Pide que se informe sobre la aplicación del decreto que amplía la defensa jurídica gratuita en materias laboral, administrativa y penal.
- El acuerdo busca conocer el número de defensores públicos asignados, los municipios donde operan y el presupuesto destinado.
En sesión ordinaria, la diputada María Teresa Méndez Vélez presentó una proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta al titular de la Consejería Jurídica del Estado, Juan José Pón Méndez, a informar sobre los avances en la implementación del decreto número 17, publicado el 22 de noviembre de 2024, que contiene la reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública.
La reforma, impulsada por la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, amplía los servicios jurídicos gratuitos en defensa laboral a las personas trabajadoras, defensa administrativa a las personas servidoras públicas y defensa de ejecución penal a las personas sentenciadas.
Esta medida representa un beneficio colectivo importante para quienes no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado particular en dichas materias.
Maythé Méndez subrayó durante la exposición de motivos que toda persona tiene derecho a una defensa garantizada en estas áreas desde la entrada en vigor del decreto. No obstante, subrayó que su implementación requiere capacitación de recursos humanos y materiales, lo cual impacta directamente en el presupuesto anual de la Defensoría Pública.
“Es fundamental conocer cómo se está aplicando esta reforma, cuántos defensores públicos hay en cada materia y en qué municipios están brindando atención, porque garantizar una defensa adecuada no puede quedarse en el papel: debe traducirse en presencia real y atención efectiva para quienes más lo necesitan”, expresó la legisladora.
El exhorto solicita que el informe incluya si actualmente se cuenta con defensores públicos en las materias mencionadas, el número de profesionales asignados, los municipios donde operan, el presupuesto destinado en el presente ejercicio fiscal y el proyectado para 2026, así como las acciones realizadas o previstas para asegurar la correcta aplicación de la reforma.