En una decisión histórica para la vida democrática del estado, el Pleno de la XXV Legislatura aprobó por unanimidad la incorporación de la revocación de mandato a la Constitución local, como mecanismo de participación ciudadana que permitirá a la población remover de su cargo a alcaldes, legisladores y al titular del Poder Ejecutivo estatal.
La reforma, que modifica los artículos 5, 12, 18, 27, 44 y 46, fue impulsada por el diputado Juan Manuel Molina García y las diputadas Alejandrina Corral Quintero y Daylín García Ruvalcaba, quienes coincidieron en la necesidad de establecer un marco legal claro que garantice este derecho.
Cómo funcionará la revocación de mandato
El proceso podrá ser convocado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) a petición de la ciudadanía, siempre que se reúnan al menos el 10% de firmas de la lista nominal, distribuidas en la mitad más uno de los municipios del estado. El IEE tendrá 30 días hábiles para verificar las firmas y emitir la convocatoria.
La solicitud solo podrá presentarse una vez por periodo constitucional, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno. La votación se realizará noventa días después de la convocatoria, en una fecha distinta a procesos electorales, y requerirá una participación mínima del 40% de la lista nominal. La revocación procederá únicamente si la mayoría absoluta vota a favor.
Durante el proceso quedará prohibido el uso de recursos públicos para recolectar firmas o promover el ejercicio, y la difusión de información estará a cargo exclusivo del IEE, de forma objetiva e imparcial. Además, se suspenderá toda propaganda gubernamental, excepto campañas de salud, educación o protección civil.
Análisis crítico: un arma de doble filo
La inclusión de la revocación de mandato representa un avance en materia de rendición de cuentas, pues otorga a la ciudadanía la facultad de evaluar y, si lo considera necesario, destituir a sus representantes antes de concluir el periodo para el que fueron electos.
Sin embargo, especialistas advierten que su efectividad dependerá de que el mecanismo se aplique sin sesgos políticos ni presiones partidistas, evitando que se convierta en una herramienta de revancha electoral o desestabilización institucional. El reto será garantizar que la recolección de firmas, la organización de la consulta y la difusión de información se desarrollen con total transparencia y apego a la ley.
Con esta reforma, Baja California se suma a las entidades del país que contemplan la revocación de mandato en su legislación, fortaleciendo el marco constitucional y respondiendo a una demanda social de mayor control ciudadano sobre sus autoridades.