Ángel Omar pensó que pasaría desapercibido. Viajaba en un Chevrolet Cruze color gris, con placas nacionales. En la carretera entre Puertecitos y San Felipe se topó con el retén y al llegar trató de aparentar calma.
Los elementos del Ejército Mexicano le preguntaron su destino y dijo que a San Felipe, entonces le pidieron que abriera la cajuela del vehículo para revisarla. Los soldados encontraron ahí una hielera y le pidieron que la abriera. En total sacaron 33 buches que resultaron ser de totoaba.
Ángel Omar fue detenido y turnado a la entonces Procuraduría General de la República el 24 de octubre del año pasado, por imputaciones de delitos contra la biodiversidad, pero a los dos días recuperó su libertad luego de ser vinculado a proceso.
De acuerdo a la Causa Penal 368/2018, el imputado pagó una fianza de 20 mil pesos y entre las medidas cautelares se encontraba la de acudir cada 15 días a firmar a un Juzgado Federal en Mexicali.
En la investigación, Ángel Omar dijo que su destino era la ciudad de Mexicali, donde comerciaría el producto con alguien que lo enviaría al mercado asiático, donde un kilo de vejiga natatoria de esta especie alcanza como mínimo los 8 mil dólares.
Mucho ruido
Los miles de millones de pesos invertidos en la vigilancia del Alto Golfo de California, el apoyo de las organizaciones ambientalistas y la movilización de elementos federales para su protección, no ha detenido el tráfico de la totoaba y su pesca ilegal.
Desde el 2015, año en que inició la veda en la Reserva de la Biosfera y que se ha ido incrementando, hasta el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) solo ha recibido a 74 detenidos e integrado solo 54 carpetas de investigación.
Además de la totoaba, otras especies que se encuentran en veda en el Mar de Cortez, han sido encontradas en embarcaciones que han violado las prohibiciones de pesca en esta zona, donde se privilegió la preservación de la Vaquita Marina.
De acuerdo a la respuesta a solicitudes de información de la hoy Fiscalía General de la República, en el sexenio anterior se iniciaron 131 averiguaciones previas por delitos ambientales en esta región, pero en 55 de ellas se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal.
En total, 73 detenidos fueron consignados a Juzgados Federales a través de la integración de 54 carpetas de investigación, en las que la mayoría de los imputados han logrado llevar sus procesos en libertad.
La Policía Federal Ministerial, en todo el sexenio, solo llevó a cabo 6 cateos relacionados con este delito, con un monto total de 8 detenidos, 2.2 kilos de carne de totoaba y poco menos de 7 kilos de buche de esta especie.
Los números de la FGR contrastan por mucho con los aseguramientos que por su parte ha hecho la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y personal de Profepa o agentes de las policías locales.
Ayuda
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que participa como coadyuvante de la FGR en estos casos de delitos ambientales, informó que desde el 2015 a la fecha, colabora en al menos 24 casos ocurridos en el Mar de Cortez.
Aunque también incluyen casos de aseguramientos de pepinos de mar, tortuga y otras especies en veda permanente, destaca los casos de aseguramientos y casos en donde lo decomisado son ejemplares o vejigas de totoaba.
Entre las carpetas de investigación relacionadas a estos casos se encuentran el de un aseguramiento de 33 vejigas natatorias de totoaba, otro aseguramiento de 20.9 kilos de carne de totoaba y una caja con 44 envoltorios que contenían 108 vejigas o buches de totoaba.
La Secretaría de Marina (Semar), por su parte, en el programa integral de vigilancia en el Alto Golfo de California, reportó del 2015 a la fecha, el aseguramiento de 299 totoabas enteras, 704 buches de esta especie y el rescate de 22 totoabas vivas que fueron reintegradas al mar.
En junio de 2018, el Comité de Patrimonio Mundial solicitó que se actualizara el avance en atención a las recomendaciones hechas para la protección de la vaquita y la totoaba, la cual debió presentarse antes del 1 de febrero de 2019, para determinar si México está cumpliendo con sus compromisos en el Golfo de California.