La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una creciente polémica tras darse a conocer que su visa estadounidense habría sido revocada recientemente por las autoridades consulares de Estados Unidos. Aunque los motivos oficiales no han sido confirmados, la información ha generado un intenso debate público y ha sido retomada por distintos medios de comunicación, que señalan posibles irregularidades financieras como una de las causas.
En respuesta a estas versiones, la mandataria emitió un mensaje público para rechazar categóricamente cualquier acusación relacionada con la existencia de cuentas bancarias en el extranjero. “No me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos, simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero”, declaró a través de sus redes sociales.
Ávila Olmeda acusó a periodistas y medios de “difundir una mentira”, asegurando que se trata de una campaña de desinformación en su contra. “Reitero para ellos y la gente: NO EXISTEN CUENTAS EN EL EXTRANJERO”, insistió.
El comunicado, si bien contundente en su tono, ha dejado sin aclarar el hecho central: la revocación de su visa. Hasta el momento, la embajada de Estados Unidos no ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta la decisión ni sus razones, manteniendo así un vacío informativo que alimenta la especulación.
La controversia adquiere mayor peso político dado el contexto de creciente vigilancia internacional hacia funcionarios públicos mexicanos, especialmente aquellos cuyas gestiones han sido objeto de observaciones administrativas o señalamientos por opacidad en el uso de recursos.
Marina del Pilar concluyó su pronunciamiento afirmando que seguirá “caminando del lado correcto de la historia”, y que mantiene su compromiso con servir “donde más se necesita”. No obstante, su declaración ha sido recibida con escepticismo por sectores críticos, que consideran insuficiente la respuesta y demandan mayor transparencia sobre su situación migratoria y financiera.
La falta de información oficial por parte del gobierno estadounidense, así como la negativa de la gobernadora a referirse directamente al estatus de su visa, deja abierta una interrogante que podría tener repercusiones políticas en el tramo final de su administración.