Cuando el sector público, al igual que el privado, utilizan como herramienta publicitaria estereotipos de género, de acuerdo con la CNDH, están incurriendo en violencia mediática, indicó la diputada María Trinidad Vaca Chacón, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
El ejercicio de esta modalidad de violencia -dijo- se centra en la reproducción de estereotipos de género en los medios tradicionales y digitales de comunicación y publicidad, que tienden a reproducir nociones en torno al deber ser y hacer de las mujeres, e integran estas ideas como parte de la convivencia social y de la cotidianidad, acentuando así el sustrato cultural que sostiene y permite la violencia contra las mujeres.
Mencionó que, este tema ocupa un lugar importante, tanto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como en la legislación mexicana, y en la particular de Baja California. “Lo que nos convence de que en todos los ámbitos, es urgente garantizar a las mujeres una vida libre de estereotipos de género, así como sancionar a quien reproduzca los estereotipos y prejuicios de género”.
Por ello, se pretende incorporar la obligación de las autoridades encargadas de la Política Estatal en la materia, de vigilar que ninguna dependencia pública en el Estado utilice estereotipos de género en publicidad, propaganda, promoción, programas o acciones que lleven a cabo, bajo cualquier modalidad de comunicación social.
En su exposición de motivos, resaltó que la lucha de las mujeres a lo largo de la historia ha sido determinada por erradicar los prejuicios, las desigualdades y la discriminación que han padecido por el simple hecho de ser mujeres. Generaciones enteras han crecido con una idea fija de lo que es una mujer; se le han asignado, de manera arbitraria, una serie de roles que la han puesto siempre en condición de desventaja y de vulnerabilidad dentro de la sociedad.
Finalmente puntualizó que es inadmisible que aun subsista la práctica por parte de los servidores públicos de hacer responsables a la mujer del maltrato y violencia de las que es víctima, por el hecho de su estado civil, su apariencia física o su forma de vestir o de actuar