El senador Francisco Búrquez Valenzuela propuso una reforma para eliminar la facultad que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para «congelar» cuentas bancarias y servicios financieros de personas presuntamente involucradas en lavado de dinero.
En la iniciativa de reforma al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se argumenta que la atribución conferida en esa disposición legal es atentatoria de los derechos fundamentales de la ciudadanía, invade la atribución constitucional del Ministerio Público para la investigación de delitos y violenta el debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia.
Lo anterior, dijo el legislador, ha sido declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que al resolver en septiembre de 2017 una demanda de amparo determinó que no se puede tratar como delincuente a una persona que no ha sido denunciada ante el Ministerio Público, ni menos aún juzgada por un tribunal competente.
A pesar que la Corte haya afirmado la inconstitucionalidad del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, añadió, la norma sigue vigente, por lo que la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera podrá continuar con esta práctica de manera discrecional y despótica.
El ordenamiento legal permite la creación de una «Lista de Personas Bloqueadas» a las que se les congelan sus cuentas bancarias y servicios financieros por el hecho de resultar “sospechosos” de lavado de dinero para la autoridad hacendaria, sin haber de por medio una investigación ministerial y la orden de un juez, comentó.