El senador Ricardo Anaya advirtió que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por la mayoría oficialista en el Congreso, podría abrir la puerta a un control centralizado del recurso hídrico por parte del Estado, afectando directamente a campesinos y productores.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma establece que los derechos de agua dejarían de transferirse automáticamente cuando se vende una parcela. En esos casos, la concesión regresaría al gobierno, lo que —según críticos— podría colocar al campo en una posición de vulnerabilidad y dependencia.
Diversos sectores señalan que esta modificación amenaza la propiedad privada y los derechos históricos al uso del agua en comunidades rurales. En contraste, quienes respaldan la reforma argumentan que busca garantizar el acceso humano prioritario y evitar la especulación con un recurso cada vez más escaso.
El debate coloca nuevamente a México frente a un dilema central: ¿cómo proteger el agua sin comprometer la autonomía de quienes dependen de ella para vivir? La discusión apenas comienza y promete tensiones profundas en el ámbito político y social.