La violencia volvió a desbordarse este miércoles en el Bajío y el Occidente del país. En una jornada marcada por el terror y la impunidad, al menos dos entidades —Michoacán y Guanajuato— vivieron una oleada de ataques perpetrados, según fuentes de inteligencia, por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en aparente respuesta a recientes operativos de fuerzas de seguridad.
De manera casi simultánea, grupos armados realizaron bloqueos carreteros, incendiaron vehículos de carga y particulares, así como establecimientos comerciales. Estas acciones desataron un colapso parcial en diversas vías federales de comunicación, provocando el cierre total o intermitente de autopistas claves como la Salamanca-Morelia, la Zamora-La Piedad y tramos que conectan con Pénjamo, Guanajuato.
En municipios como La Piedad, Buenavista, Zamora y Pénjamo, los ciudadanos quedaron atrapados entre el fuego cruzado de un gobierno que presume control, y un crimen organizado que, lejos de replegarse, exhibe músculo con total impunidad.
Una “respuesta” al Estado
Las primeras versiones oficiales, sin detalles ni cifras claras, apuntan a que estos actos de violencia fueron una represalia del CJNG frente a los recientes operativos conjuntos entre fuerzas estatales y federales. Sin embargo, la falta de información precisa, el hermetismo de las autoridades y la rapidez con que se desataron los ataques abren serios cuestionamientos sobre la capacidad de anticipación y respuesta del aparato de seguridad del Estado.
“Fue una acción coordinada, con capacidad logística y de fuego”, reconoció una fuente militar bajo condición de anonimato. “No fue espontáneo ni aislado. Nos enfrentamos a una estructura criminal que mantiene el control territorial de varias regiones pese a los esfuerzos oficiales”.
¿Fracaso sistemático?
Lo ocurrido este miércoles no es un caso aislado. Durante los últimos tres años, Michoacán y Guanajuato se han convertido en epicentros de disputas criminales sin que los operativos federales, el despliegue de la Guardia Nacional o los cambios en las fiscalías estatales logren revertir la tendencia. Lejos de ello, los grupos delictivos, como el CJNG, han evolucionado: no solo resisten la presión del Estado, sino que responden con fuerza, precisión y capacidad de impacto.
“Cada operativo termina desencadenando una reacción violenta, con costos altísimos para la población civil”, señala el analista de seguridad Alejandro Hope. “Es la confirmación de que el Estado no tiene el control territorial, y de que la estrategia de ‘abrazos no balazos’ ya fue superada por la realidad”.
Víctimas invisibles y silencio oficial
Hasta el cierre de esta edición, no hay cifras oficiales de heridos o fallecidos. Las autoridades estatales han limitado su comunicación a llamados a la calma y comunicados breves que evaden asumir responsabilidades claras. En tanto, habitantes de las zonas afectadas denuncian en redes sociales que las fuerzas del orden tardaron horas en llegar, mientras los criminales operaban con total impunidad.
“Nos dejaron solos. No vimos ni una patrulla durante más de tres horas”, relató un comerciante de Zamora, cuyo local fue incendiado. “Lo que vimos fue a los sicarios operando como si fueran la autoridad”.
Una crisis que exige rediseño
Este nuevo episodio de violencia, más allá del shock inmediato, obliga a una revisión crítica del modelo de seguridad aplicado en el país. La militarización de la seguridad pública, el uso simbólico de la Guardia Nacional y la descoordinación entre los tres niveles de gobierno han demostrado ser insuficientes.
La ciudadanía exige algo más que operativos reactivos y declaraciones ambiguas. Se requiere una estrategia integral, con inteligencia efectiva, reconstrucción institucional en los estados y justicia real para los ciudadanos atrapados en la espiral de violencia.
Mientras eso no ocurra, las escenas de hoy —carreteras bloqueadas, vehículos humeando, tiendas en llamas— podrían repetirse una y otra vez, recordando que en amplias regiones del país, el Estado mexicano sigue sin tener la última palabra.