Por Andrés Salcido
Solo el 13% del electorado nacional participó en la polémica elección del Poder Judicial, un proceso extraordinario que abordó una reforma apenas digerida por la ciudadanía y que, a quemarropa, se llevó a cabo con un altísimo costo económico. Por un lado, exprimió los ya limitados recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) y, por otro, «legitimó» un proceso democrático que nadie pidió… y en el que pocos participaron.
En Baja California —uno de los bastiones morenistas por excelencia, con “carro completo” en el Congreso local, los siete municipios y la gubernatura—, la participación fue ridícula: apenas el 9% del padrón electoral acudió a las urnas. Ni siquiera en el estado donde “más quieren a Claudia Sheinbaum”, según palabras de la propia mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila, se logró movilizar a la ciudadanía.
En algunas casillas, el número de votos nulos superó a los obtenidos por las y los candidatos ganadores, evidenciando el desinterés, el descontento o, peor aún, la protesta silenciosa. A nivel nacional, Baja California sólo superó en participación a entidades como Guanajuato y Jalisco —ambas gobernadas por la oposición—, así como a Chiapas y Michoacán, cuyos procesos se vieron severamente entorpecidos por la violencia.
¿Dónde quedó la estructura de Bienestar? ¿Dónde estuvo la movilización y la logística prometida?
De las 500 mil participaciones que —dicen— se le solicitaron a la gobernadora desde el centro del país, se logró apenas una cifra mediocre, especialmente si consideramos que el padrón estatal asciende a 3.3 millones de ciudadanos.
Ni los municipios, ni el Congreso, ni la federación —y mucho menos la estructura del Gobierno estatal— dieron los resultados esperados. Esto, inevitablemente, impacta a otros operadores políticos que ya andaban coqueteando con la gubernatura para 2027. Uno de ellos es el senador Armando Ayala, quien, pese a caminar de la mano de “Andy” López Beltrán, no logró tampoco sacar adelante la elección ordinaria en Durango.
Los falsos llamados al entusiasmo y los reels en Facebook, Instagram y TikTok no serán suficientes para convencer a María Luisa Alcalde de permitir la “mano negra” en la definición de candidaturas en el norte del país. Ni la propia presidenta Sheinbaum ha olvidado la operación desde el Gobierno de BC a favor de Adán Augusto López durante las internas de 2024.
Al final, este proceso electoral funcionó como una verdadera prueba de fuego para las estructuras estatales y sus liderazgos. También como un medidor, incómodo pero real, de quién tiene (o no) con qué competir. A dos años del relevo gubernamental, algunos ya se desinflan… y otros observan con cálculo desde las tinieblas.