La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias de la diputada morenista Hilda Araceli Brown, junto con otros seis individuos, tras las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Entre los señalados se encuentran Mario Alberto Herrera Sánchez, Karlo Omar Herrera Sánchez, Jesús González Lomelí, Candelario Arcega Aguirre y Carlos Alberto Páez Pereda. La UIF precisó que la medida es de carácter preventivo, con el propósito de impedir que recursos de presunta procedencia ilícita ingresen o circulen en el sistema financiero mexicano.
Medida preventiva, no condena
La dependencia subrayó que el congelamiento no implica responsabilidad penal probada, sino que responde a mecanismos de prevención derivados de la coordinación internacional. En caso de detectarse operaciones ilícitas, la información será remitida a la Fiscalía General de la República (FGR) para su judicialización.
Este tipo de bloqueos forman parte de los compromisos de México en materia de cooperación internacional contra delitos financieros, integrando las listas de sancionados por autoridades extranjeras al marco normativo nacional.
Análisis crítico: entre cooperación y tensiones políticas
La acción contra Brown y sus allegados se inscribe en un contexto de estrecha colaboración entre México y EE.UU. para frenar el lavado de dinero y el financiamiento del crimen organizado. Apenas días atrás, Washington anunció sanciones contra la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, evidenciando un patrón de presión binacional sobre estructuras financieras ligadas al narcotráfico.
Sin embargo, el hecho de que una legisladora en funciones sea alcanzada por estas medidas abre un flanco político delicado. Para algunos, el congelamiento representa un avance en la rendición de cuentas y la depuración institucional; para otros, plantea dudas sobre la transparencia del proceso y el riesgo de instrumentalización política de los mecanismos financieros internacionales.
Especialistas advierten que el éxito de estas medidas no radica únicamente en su ejecución preventiva, sino en la capacidad de las instituciones mexicanas para traducirlas en procesos sólidos, transparentes y judicialmente sustentados, evitando que se perciban como acciones mediáticas sin consecuencias reales.
Conclusión
El congelamiento de cuentas de Araceli Brown constituye un golpe preventivo de alto perfil en la lucha contra las finanzas ilícitas, pero también un desafío político e institucional. La legitimidad de la acción dependerá de que se respete el debido proceso, se garantice la defensa de los señalados y, sobre todo, se traduzca en resultados judiciales concretos que fortalezcan la confianza ciudadana y no en percepciones de persecución selectiva.