Con la serenidad de quien ha aprendido a convivir con el dolor, pero también con la determinación de quien exige justicia, Samara Martínez, activista, paciente con insuficiencia renal crónica y lupus, encabeza una de las iniciativas ciudadanas más disruptivas del país: la “Ley Trasciende”, que busca legalizar la eutanasia en México y reconocer el derecho a una muerte digna.
Martínez, originaria de Guadalajara y residente en Chihuahua, vive conectada a una máquina de diálisis durante diez horas al día. Dos trasplantes fallidos le arrebataron la posibilidad de una vida sin limitaciones médicas. Desde esa experiencia —tan personal como universal—, ha convertido su historia en un movimiento que interpela al sistema legal, ético y político del país.
Un proyecto que busca trascender el tabú
La Ley Trasciende plantea descriminalizar el acto de asistir a una persona en el proceso de morir, reconociendo la autonomía individual como un derecho fundamental.
Entre sus ejes principales, la iniciativa propone:
- Reconocer el derecho a decidir sobre el final de la propia vida sin que ello sea castigado penalmente.
- Garantizar una muerte digna, acompañada por profesionales de la salud bajo criterios éticos y humanos.
- Descriminalizar la compasión, eliminando la figura del “homicidio por piedad” que actualmente contempla la Ley General de Salud en su artículo 166 bis 21.
La propuesta, respaldada por decenas de miles de firmas ciudadanas en plataformas como Change.org, deberá ser presentada ante el Congreso de la Unión, donde iniciará un recorrido legislativo complejo: discusión, dictaminación y eventual aprobación o rechazo.
Entre el derecho y el dogma
En México, la eutanasia activa sigue siendo ilegal. El marco vigente sólo permite la voluntad anticipada, figura que faculta a rechazar tratamientos en fase terminal, pero no la administración directa de sustancias que provoquen la muerte.
Este vacío legal deja en el limbo a miles de pacientes que enfrentan sufrimientos crónicos o irreversibles, sin más opción que prolongar su padecimiento. Martínez lo define sin eufemismos:
“No es un tema de religión ni de política, sino de dignidad.”
Un debate pendiente en la democracia mexicana
La “Ley Trasciende” no sólo busca modificar un artículo legal: pretende romper un silencio social. En un país donde la muerte suele ser venerada, pero rara vez discutida con honestidad, la iniciativa de Samara Martínez abre un debate urgente sobre el derecho a decidir cuándo y cómo morir.
Sin embargo, el camino no será sencillo. La propuesta enfrenta resistencias religiosas, políticas y culturales, así como el escepticismo de un Congreso que históricamente ha evitado abordar temas bioéticos de fondo.
Aun así, la activista insiste:
“Hablar de eutanasia no es promover la muerte, sino dignificar la vida hasta su último momento.”
Con la “Ley Trasciende”, Samara Martínez ha puesto sobre la mesa una pregunta que México no puede seguir posponiendo:
¿De quién es realmente la decisión sobre la propia vida y su final?