La Barra de Abogados de Tecate “Lic. Rubén Armendáriz Rodríguez” manifestó su preocupación ante la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el proyecto debilita uno de los principales mecanismos de defensa ciudadana frente a los abusos de autoridad.
En un comunicado, los juristas señalaron que la propuesta limitaría de manera significativa la suspensión de actos reclamados, una de las figuras centrales del juicio de amparo. Con ello —advirtieron— los ciudadanos quedarían expuestos a la ejecución de medidas gubernamentales sin contar con un recurso inmediato de protección.
Otro de los puntos que genera alarma es la facultad que se pretende otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para actuar sin autorización judicial, lo que abriría la puerta a bloqueos de cuentas bancarias y restricciones patrimoniales sin el debido control jurisdiccional.
Asimismo, la Barra alertó que la reforma restaría atribuciones a los jueces para dictar suspensiones con efectos particulares, una herramienta que históricamente ha servido para salvaguardar a personas sometidas a procesos “injustos” o de evidente persecución política.
“Esta reforma, más que fortalecer el acceso a la justicia, representa un grave retroceso en la tutela de los derechos humanos, en la eficacia del amparo y en el equilibrio entre poderes”, señaló la agrupación.
Un debate de fondo
El pronunciamiento de los abogados tecatenses se suma a las voces críticas que en distintas entidades han cuestionado la reforma. Mientras el Gobierno federal la presenta como un mecanismo para agilizar procesos y evitar abusos del amparo en favor de intereses privados, especialistas en derecho advierten que el proyecto podría erosionar garantías individuales consagradas en la Constitución.
En este contexto, la Barra de Abogados de Tecate llamó a una reflexión amplia y responsable sobre la importancia del juicio de amparo como instrumento histórico de defensa frente a los excesos del poder público.
“El amparo ha sido la última línea de protección de los ciudadanos. Sin él, el Estado adquiere un margen de acción que pone en riesgo el equilibrio democrático”, concluyeron.