- “Los gobiernos municipales o específicamente, el de Mexicali, nunca fue citado, nunca fue convidado a que compareciéramos ante el congreso para poder exponer nuestras razones. Por su puesto que estamos en contra de esta reforma”, añadió.
El alcalde panista de Mexicali, Baja California, Gustavo Sánchez, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional con la que buscará impugnar el proceso legislativo que avaló la ampliación del mandato para el gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.
A su salida de la SCJN, Sánchez señaló que esta es la primera controversia constitucional a nivel municipal, la cual “hace eco de muchos pensamientos mexicalenses” que consideran como un “atropello” y una “aberración”, la que también ha sido llamada “Ley Bonilla”.
“El día de hoy estamos compareciendo como gobierno municipal de Mexicali para presentar ante la Corte la controversia constitucional en contra de esta aberrante reforma que se hizo en contra de la Constitución Política de Baja California”, dijo a su salida en donde exhibió el acta con la que busca darle sustento a la controversia.
El acta en el que se solicitó la atracción fue firmada por la síndico Blanca Villaseñor, quien funge como representante legal del ayuntamiento.
El pasado 8 de julio, el diputado local de Morena, Víctor Morán, solicitó al Congreso de Baja California avalar una reforma al Octavo Transitorio Constitucional, con el fin de ampliar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla.
Tras esto, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) inició el procedimiento para la expulsión de siete diputados locales que apoyaron la iniciativa de Morena. Además, su dirigente nacional, Marko Cortés, también amagó con presentar una controversia constitucional.
Diversos legisladores federales extraídos de ese partido, incluyendo a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la cámara de diputados, ya elaboran un proyecto con el que buscan proponer la desaparición de poderes de esa entidad.
El alcalde Sánchez, justificó la acción de inconstitucionalidad pues señaló que, en un proceso para hacer reformas a la constitución local, los alcaldes bajacalifornianos deben ser citados para ser informados de las reformas. Cosa que no ocurrió, se quejó.