- La iniciativa propone que el delito de despojo se considere cometido en grupo desde dos personas, en lugar de cinco.
- También plantea reducir de 72 a 36 horas el plazo para restituir el inmueble despojado, evitando así la acción penal.
La diputada Michelle Tejeda presentó una iniciativa para reformar el artículo 226 del Código Penal del Estado de Baja California, con el objetivo de combatir a los grupos delictivos que se dedican a despojar a personas de sus hogares.
Actualmente, el Código Penal establece que cuando el despojo de un inmueble sea cometido por grupos de más de cinco personas, se aplicará la pena correspondiente a todos los coautores. Sin embargo, no se ejercerá acción penal si, dentro de un plazo de 72 horas contadas a partir del requerimiento formal de la autoridad investigadora, el inmueble es devuelto a la persona afectada.
Por ella la propuesta de reforma busca reducir de cinco a dos el número de personas necesarias para que el delito de despojo se considere cometido en grupo, y acortar de 72 a 36 horas el plazo para que la persona afectada pueda recuperar su vivienda, sin necesidad de iniciar un proceso penal.
“Es urgente fortalecer las acciones legales para proteger el patrimonio de quienes han sido víctimas de despojo”, afirmó la inicialista.
En Baja California, el problema del despojo de viviendas está vinculado a factores como la demanda insatisfecha de vivienda, el abandono de inmuebles por falta de servicios, inseguridad o lejanía de centros escolares y laborales. Estas condiciones han facilitado la actuación de grupos delictivos que invaden propiedades y arrebatan el patrimonio de las familias.
Tan solo en 2024 se registraron 1,383 casos de despojo en el estado. En lo que va de 2025, de enero a agosto, se han contabilizado 864 denuncias, siendo agosto el mes con mayor incidencia, con 133 casos reportados. En Mexicali, se han documentado 245 casos en ese mismo periodo, destacando junio con 43 denuncias, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“Esta iniciativa busca cerrar el paso a prácticas delictivas que afectan directamente la estabilidad y dignidad de las personas; no podemos permitir que grupos organizados sigan arrebatando hogares con impunidad”, afirmó Michelle Sánchez.