- Diputada Michel Sánchez busca fortalecer la protección a niñas, adolescentes y mujeres, y endurecer sanciones por abuso sexual.
La diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para armonizar los delitos sexuales con el modelo nacional, colocando el consentimiento como eje central y fortaleciendo la protección de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, conforme al modelo nacional propuesto por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.
La propuesta plantea modificar y adicionar diversos artículos del Código Penal estatal con el objetivo de actualizar la definición del delito de abuso sexual, ampliar sus supuestos y aumentar las sanciones, en congruencia con los estándares constitucionales, tratados internacionales y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género.
Entre los principales cambios, se propone establecer una definición clara de consentimiento, precisando que este no puede presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física, ni cuando exista violencia, intimidación, engaño, abuso de poder, autoridad o situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, se amplía el concepto de acto sexual para incluir conductas sin contacto físico directo, como la exhibición forzada o la obligación de observar actos de naturaleza sexual.
La iniciativa también propone incrementar las penas de prisión y las multas por abuso sexual, así como incorporar medidas reeducativas obligatorias para las personas sentenciadas, con el fin de prevenir la reincidencia y promover un cambio cultural basado en la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
De igual forma, se fortalecen las circunstancias agravantes del delito cuando exista una relación de confianza, parentesco, autoridad, dependencia económica o cuando el abuso sea cometido por personas servidoras públicas, ministras o ministros de culto, profesionistas, o se utilicen sustancias para anular la voluntad de la víctima, entre otros supuestos.
Un aspecto relevante de la propuesta es que el delito de abuso sexual sea perseguido de oficio, eliminando la necesidad de querella por parte de la víctima, así como el reconocimiento expreso de la reparación integral del daño, que incluirá atención psicológica especializada hasta la total recuperación de la persona afectada.
Con esta iniciativa, el Congreso del Estado de Baja California refrenda su compromiso con el combate a la violencia sexual, el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género y la construcción de un marco legal más justo y eficaz, que garantice el acceso a la justicia, la protección integral de las víctimas y el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.