- La propuesta implicaría un retroceso en materia de libertades, certidumbre y tutela judicial efectiva.
La iniciativa presidencial para reformar la “Ley de Amparo” encendió las alertas en el sector empresarial, al prever restricciones que podrían dejar indefensos a ciudadanos y empresas frente a decisiones de autoridades fiscales, administrativas y judiciales.
El C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, sostuvo que la reforma debilita la esencia del juicio de amparo como contrapeso al poder público, al restringir las suspensiones que hoy protegen de daños irreversibles mientras se resuelve un litigio.
“El amparo nació para ser un dique frente al abuso de autoridad, pero sin suspensiones provisionales se convierte en letra muerta, de manera que estas medidas no sólo afectan a grandes empresas, sino también a familias y ciudadanos que recurren al amparo para proteger su patrimonio o su libertad”, advirtió.
El dirigente explicó que la propuesta limitaría la posibilidad de frenar bloqueos de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, impediría suspensiones en casos de prisión preventiva oficiosa y restringiría defensas en materia fiscal.
En ese sentido, subrayó que, en la práctica, los cambios dejarían a los particulares en desventaja frente a decisiones que podrían tardar años en resolverse, toda vez que no serviría de mucho ganar un juicio en dos años si en ese tiempo una empresa quebró, un ciudadano perdió su libertad o una familia vio congelados sus recursos.
El líder empresarial agregó que la narrativa oficial busca presentar la reforma como una medida contra abusos, pero en realidad significará un acceso más limitado a la justicia, ya que rompe con estándares internacionales en materia de derechos humanos y reduce la confianza de inversionistas en México.
Otro punto que Lyle Fritch consideró preocupante fue el contexto en que se presentó la iniciativa, el 15 de septiembre, en pleno marco de celebraciones patrias, donde esta coincidencia envía un mensaje político que busca minimizar el debate público sobre un cambio de gran impacto para la vida democrática del país.
Aunado a ello, señaló que la propuesta podría tener un trasfondo recaudatorio, ya que al limitar recursos contra créditos fiscales firmes, se favorecería la rapidez en la recuperación de fondos por parte del Estado, pero a costa de restringir defensas legítimas de los contribuyentes.
“Lo que necesitamos es fortalecer el Estado de Derecho, no debilitarlo; una justicia expedita no puede lograrse a base de sacrificar garantías individuales ni herramientas legales que históricamente han protegido a los ciudadanos de excesos del poder”, enfatizó.
Finalmente, el presidente del CCE Tijuana reiteró su rechazo a la reforma y llamó a los legisladores a abrir un diálogo amplio con especialistas, empresarios y sociedad civil, a fin de garantizar un marco legal que preserve la certeza jurídica, fomente la inversión y proteja efectivamente los derechos humanos en México.