- El economista Fausto Quintana González afirmó que las recientes reformas laborales impulsadas por el gobierno federal están generando una presión económica que “ahorca” a las empresas mexicanas, reduciendo su competitividad y fomentando la salida de inversiones del país.
Durante su análisis, Quintana González vinculó la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales —aunque su entrada en vigor fue pospuesta hasta 2030— a una carga adicional para los patrones que podría terminar beneficiando al gobierno más en términos recaudatorios que productivos.
“Están ahorcando a las empresas porque se van a tener que obligar a contratar más personas que encarecen el costo (…) ¿Cuál es la intención del gobierno federal? Incrementar la captación vía costo patronal, Seguro Social e Impuesto sobre Nómina”, señaló el especialista.
Quintana González subrayó que la falta de un estado de derecho sólido y la creciente inseguridad jurídica han motivado el retiro de grandes compañías del país, lo que a su vez impacta de manera negativa la generación de empleo formal y la recaudación tributaria.
El economista explicó que, ante el descenso de la inversión y el consecuente menor número de puestos laborales, se reduce también el consumo, lo que provoca una caída en la recaudación de impuestos como el IVA y obliga al gobierno a buscar nuevas fuentes de ingresos que, dijo, terminan trasladándose nuevamente al sector empresarial.
Asimismo, Quintana advirtió que los incrementos recientes al salario mínimo —que en la frontera norte alcanzan 441 pesos diarios este año—, aunados a mayores obligaciones previsionales, encarecen los costos de producción sin que exista un equivalente aumento de productividad o certidumbre económica.
La crítica del economista se suma a un debate más amplio sobre el impacto económico de las reformas laborales en México, donde sectores empresariales han expresado preocupaciones sobre el incremento de costos y riesgos para la formalidad del empleo. Informes recientes de organismos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señalan que los cambios laborales podrían elevar los costos laborales hasta en torno al 7 % al año y generar presiones adicionales en el mercado de trabajo formal si no se acompaña de políticas de productividad y gradualidad.