- Señala que la dependencia recibe recursos millonarios pero carece de protocolos eficaces ante ataques.
- “Si la Fiscalía no está protegida, mucho menos el ciudadano”, acusó la legisladora
“Como diputada local, preocupada por la seguridad de la ciudadanía y la transparencia institucional, pronuncio este posicionamiento ante la reciente agresión contra la unidad antisecuestros y la alarmante ausencia de inhibidores de drones en la Fiscalía General del Estado”, expresó la diputada Yohana Gilvaja desde la tribuna legislativa.
El pronunciamiento surge tras el ataque registrado en la delegación Playas de Tijuana, donde drones lanzaron artefactos explosivos contra vehículos oficiales de la unidad especializada en combate al secuestro. La proponente subrayó la gravedad del hecho y la falta de respuesta tecnológica por parte de la institución encargada de la procuración de justicia.
Yohana Gilvaja explicó que un inhibidor de drones es un dispositivo que bloquea frecuencias y restringe el espacio aéreo, impidiendo que estos aparatos sigan órdenes. “Esa es la capacidad que tiene nuestra Fiscalía. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está la acción concreta para impedir que esto suceda? ¿Y los inhibidores?”, cuestionó con firmeza.
El presupuesto autorizado para la Fiscalía General del Estado en el ejercicio 2025 asciende a 2 mil 634 millones de pesos, además de una ampliación por 142 millones aprobada en comisiones durante agosto. A pesar de ello, frente a un ataque directo, la institución responde con una investigación en curso, sin que hasta ahora se haya activado un protocolo de autoprotección eficaz.
Por ello, la congresista exigió que la titular de la Fiscalía General del Estado informe de manera pública sobre el estado de implementación de los inhibidores de drones y el sistema de protección aérea en todas las instalaciones: qué equipos existen, desde cuándo funcionan y cuántas veces se han activado.
El exhorto también solicita el uso intensivo de la tecnología disponible y, de ser necesario, la adquisición de equipo adicional para evitar ataques que pongan en riesgo al personal e impidan el ejercicio de sus atribuciones.
“La seguridad no es un gasto, es una obligación y cuando un dron entra a la Fiscalía, no sólo es un golpe físico, es un agravio simbólico al Estado de Derecho y una provocación al valor personal, jurídico y policial”, sentenció la legisladora del PT.