Olga Sánchez Cordero Dávila sostiene que “el principal problema de México es la impunidad”. Este cáncer, apunta, es el origen de la corrupción, el desvío de recursos, la delincuencia organizada, los feminicidios…
En entrevista con SinEmbargo, la Ministra en retiro de la SCJN afirma que acabar con la impunidad es lo que Andrés Manuel López Obrador le “ha encargado” y por ello la anunció como su Secretaria de Gobernación en caso de llegar a Los Pinos.
También explica su postulación al Senado de la República, su visión sobre las problemáticas de las mexicanas y de por qué aceptó la propuesta del político tabasqueño, en lugar de seguir en el retiro y “viajar por diversos países al lado de su esposo”.
La Ministra en retiro de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) habla con SinEmbargo del reto que significa para ella el ofrecimiento del candidato presidencial y del combate a la impunidad que se deberá dar durante los próximos seis años, al que califica como el principal enemigo a vencer en la política interior del país.
Sánchez Cordero es una de las mujeres más influyentes de México. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cursó el posgrado en Política Social y Administración en el University College of Swansea en Gran Bretaña. En 2013 la revista Forbes la colocó en el lugar número uno entre las más mujeres más poderosas del país. Fue la primera mujer notaria por oposición en el entonces Distrito Federal, magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ministra de la SCJN durante 20 años (de febrero de 1995 a noviembre de 2015).
Como Ministra se distinguió por sus polémicas sentencias a favor de la interrupción legal del embarazo, la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez –sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro–por violaciones al debido proceso y por el montaje televisivo del caso.
La Ministra también presentó el proyecto para liberar a Alberta Alcántara y Teresa González, dos mujeres indígenas juzgadas y sentenciadas junto con Jacinta Francisco Marcial por el delito de privación ilegal de la libertad en marzo de 2006 en contra de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación en Santiago de Mexquititlán, Querétaro.
SIN EMBARGO