La defensa de la exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emprendió también acciones en contra del juez que le impuso las nuevas medidas y en contra del juzgado que le negó la suspensión de las restricciones en sus visitas y comunicaciones.
Argumentó que se trata de una “ilegal mordaza”, por lo que también acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para que intervenga la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, encargada de investigar las agresiones a periodistas.
Patrocinada por su defensor Marco Antonio del Toro, Gordillo interpuso también una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que las medidas violan los derechos humanos de la exdirigente del sindicato más grande de América Latina.