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Nuevo León, modelo a seguir por BC

Publicada el 30 octubre, 202530 octubre, 2025 por Andrés Salcido
  • La plena aplicación de la Ley de Proveeduría Local de Baja California podría sentar las bases para un modelo de crecimiento y desarrollo económico comparable al de Nuevo León, hoy líder nacional en competitividad. En ese estado, la coordinación entre políticas de proveeduría local, incentivos gubernamentales y fortalecimiento de las cadenas productivas ha detonado un ecosistema empresarial sólido y de alto valor agregado.

De acuerdo con Héctor Uraga Peralta, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen), resulta urgente concluir la reglamentación que dé vigencia plena a dicha ley. “Contar con reglas claras permitiría expandir el ecosistema empresarial, impulsando a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) a elevar sus estándares de calidad y eficiencia para competir en un mercado en expansión”, subrayó.

Como referencia, El maestro Uraga Peralta destacó que entre 2015 y 2025, Nuevo León registró un crecimiento del 118% en PyMES proveedoras, la generación de 140 mil nuevos empleos, un incremento del 34% en salario real, y una alza del 133% en inversión extranjera directa (IED). Además, el número de patentes registradas creció 132%, y el estado ascendió del segundo al primer lugar nacional en competitividad, según el IMCO.

El empresario explicó que los mecanismos de éxito se basan en la creación de mercados garantizados, el fomento de la excelencia y la reducción de barreras de acceso, complementados con incentivos gubernamentales y programas de capacitación especializada. “Ampliar el mercado interno obliga a las grandes empresas a priorizar a proveedores locales, lo que garantiza una base estable de
clientes para las PyMES y atrae a nuevas empresas, incrementando la competencia por calidad y eficiencia”, puntualizó.

En la región, los sectores electrónico, automotriz, médico, aeroespacial y agroindustrial encabezan la demanda de insumos, componentes y servicios especializados. Sin embargo, Uraga Peralta consideró impostergable cuantificar las empresas operan actualmente en Baja California, cuántas personas emplean y cuál es su volumen de producción, para dimensionar el potencial real del mercado de abastecimiento local.

Aunque la Ley de Fomento a la Proveeduría del Estado de Baja California está vigente desde 2018, su impacto ha sido limitado por la ausencia de una reglamentación clara. Dicha ley contempla la creación de un Registro Estatal de Proveedores, un Comité para el Desarrollo de Proveedores y un Consejo Consultivo encargado de evaluar resultados anuales; sin embargo, estos mecanismos aún no se han implementado plenamente.

En 2025, la Secretaría de Economía e Innovación (SEI BC), en colaboración con
la International Finance Corporation (IFC), lanzó un programa de desarrollo de
proveedores para la industria de autopartes, enfocado en capacitación,
certificación y acceso a cadenas globales. Asimismo, persisten amplias
oportunidades en los sectores de dispositivos médicos y electrónica, así como en
la agroindustria de Ensenada, especialmente en nichos como el vino y la cerveza
artesanal, donde se demanda una cadena de suministro más sólida en envase,
empaque y logística.
El presidente de CODEEN destacó también el potencial de nuevos polos
industriales vinculados con energías limpias, biotecnología, nanotecnología,
semiconductores y materiales compuestos, que pueden impulsar la proveeduría
regional e internacional.

“Nuestra entidad no cuenta todavía con el marco jurídico necesario para convertir la proveeduría local en un verdadero motor de crecimiento. El reto es trasladar ese
andamiaje legal a resultados económicos medibles: más contenido local, mayores
salarios y productividad que se refleje en los bolsillos de la gente”, enfatizó.
Finalmente, recordó que Nuevo León ha demostrado que fortalecer la proveeduría
local reduce la dependencia de insumos extranjeros y aumenta la derrama
económica local, la resiliencia ante disrupciones globales. En Baja California, el
reto está en transformar las buenas intenciones legislativas en políticas públicas
efectivas y resultados tangibles para las empresas y los trabajadores.

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