- Entre enero de 2025 y junio de 2026, Baja California acumuló 3 mil 806 denuncias por fraude, un promedio de siete casos diarios
- Mayores controles para agentes y empresas inmobiliarias, con verificación previa de la propiedad, entre los objetivos de la reforma.
Ante el impacto de los fraudes inmobiliarios en el patrimonio de las familias, el diputado Jesús Daniel Razo Córdova, presentó una iniciativa para fortalecer los mecanismos de prevención, verificación y transparencia en las operaciones inmobiliarias de Baja California.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2025 y junio de 2026 se registraron 3 mil 806 denuncias por fraude en la entidad, equivalente a un promedio de siete casos diarios.
A ello se suman 1 mil 286 denuncias por despojo durante 2025, delito estrechamente relacionado con conflictos sobre la propiedad de inmuebles.
El legislador de Morena expuso que casos como el del fraccionamiento “Paraíso Jurásico”, en Tecate, evidencian las consecuencias que puede tener una operación inmobiliaria cuando la situación jurídica de un inmueble no se verifica oportunamente, dejando a familias frente a procesos de desalojo y la pérdida del patrimonio que invirtieron durante años.
“No podemos esperar a que una familia pierda los ahorros de años para después investigar qué ocurrió, la prevención debe comenzar antes de que se firme un contrato o se entregue el patrimonio”, indicó.
El proyecto legislativo busca reformar la Ley que Regula las Actividades de los Agentes Profesionales Inmobiliarios en el Estado, para pasar de un esquema centrado principalmente en atender las irregularidades una vez ocurridas, a uno con mayores herramientas para prevenirlas y advertirlas oportunamente.
Entre las medidas más relevantes se encuentra la creación de una Constancia de Disponibilidad Jurídica, previa a la publicidad o preventa de fraccionamientos y desarrollos, así como un Sistema de Alertas Preventivas para informar sobre inmuebles con controversias registrales y posibles irregularidades.
También plantea reforzar los controles para la publicidad inmobiliaria en plataformas digitales, verificar la identidad y titularidad de propietarios en operaciones de arrendamiento y establecer sanciones más severas y proporcionales, además de otras disposiciones.
“Las familias deben tener certeza de que el inmueble que van a adquirir puede ser ofertado legalmente y de que quien lo anuncia está autorizado para hacerlo.
Estas modificaciones fortalecen la prevención, la certeza y la transparencia para reducir riesgos y proteger su patrimonio”, afirmó Daniel Razo.