- La iniciativa busca incorporar de manera expresa la omisión de trámites y los cobros no autorizados entre las conductas sancionables; la legislación vigente ya contempla multas por diversas infracciones educativas.
La diputada María Teresa Méndez Vélez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación de Baja California, con el propósito de establecer sanciones específicas contra instituciones educativas privadas que omitan tramitar documentos de egreso o condicionen su gestión a pagos no autorizados.
La propuesta plantea modificar la fracción XXVI del artículo 126 de la ley estatal para incluir expresamente la omisión de trámites de certificados, constancias, diplomas y títulos profesionales de quienes hayan concluido sus estudios, así como el condicionamiento de estos documentos a contraprestaciones no previstas en los planes y programas correspondientes.
¿Qué establece actualmente la ley?
La Ley de Educación de Baja California, en su versión publicada con última reforma del 15 de mayo de 2026, ya contempla infracciones para quienes prestan servicios educativos. Entre ellas figura el incumplimiento de las disposiciones de la propia ley, previsto en la fracción XXVI del artículo 126.
El artículo 127 establece multas de mil a siete mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para las infracciones comprendidas en esa fracción, entre otras. También contempla multas para determinadas conductas relacionadas con prácticas económicas y administrativas que afectan a las personas usuarias de los servicios educativos.
Por tanto, las multas de ese rango ya están previstas en la legislación vigente; la iniciativa busca incorporar de manera expresa las conductas relacionadas con la omisión de trámites de titulación y los cobros no autorizados en los términos planteados por la legisladora. <Cite refs={[“turn222947search8”,“turn222947search7”]}/>
¿Qué propone la reforma?
Méndez Vélez señaló que en Baja California operan alrededor de 60 instituciones privadas de educación superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Según expuso, algunos egresados han enfrentado dificultades para obtener sus títulos profesionales y han recurrido a instancias judiciales para buscar una solución.
Como argumento jurídico, la diputada citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la posibilidad de considerar a universidades privadas como autoridades para efectos del juicio de amparo, cuando omiten tramitar o entregar títulos a egresados que cumplen los requisitos aplicables.
La iniciativa no modifica por sí misma la ley ni crea nuevas obligaciones vigentes. Para que los cambios propuestos entren en vigor, deben continuar el procedimiento legislativo correspondiente y, en su caso, ser aprobados y publicados conforme a derecho.
Multas previstas en la legislación vigente
De acuerdo con los montos señalados en el comunicado legislativo, las multas de mil a siete mil UMA representarían aproximadamente entre 117 mil y 821 mil pesos, según el valor de la unidad en 2026. La sanción concreta dependerá de la infracción aplicable y de la determinación de la autoridad competente.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado para su análisis y trámite legislativo.