- El Congreso de Baja California inició el calendario de comparecencias correspondiente a la glosa del Quinto Informe de Gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, con la participación de la titular de la Consejería Jurídica del Estado, Claudia Yurizeth Torres Molina.
Durante la sesión ampliada de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, presidida por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, la funcionaria presentó los avances de la dependencia en materia de políticas públicas, acceso a la justicia, fortalecimiento de la defensoría pública y combate a la corrupción.
En la ronda de preguntas, las diputaciones abordaron diversos asuntos, entre ellos la posibilidad de retiro anticipado para integrantes de las corporaciones policiacas, sentencias condenatorias por extorsión, la Ventanilla Violeta, la defensoría pública y los decretos relacionados con el acceso al agua.
También se plantearon cuestionamientos sobre la armonización del marco jurídico en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, la reforma del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y el reglamento de la Ley de Autismo.
La diputada Montserrat Murillo preguntó sobre la posibilidad de establecer una oficina permanente de la Defensoría Pública en San Quintín, con personal especializado en materias penal, familiar y laboral, tanto en la cabecera municipal como en sus delegaciones.
Al respecto, Torres Molina señaló que actualmente cuentan con personal en las oficinas del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), pero reconoció las dificultades de cobertura debido a la extensión territorial del municipio y la distancia entre sus comunidades. Agregó que trabajan para contar con personal que tenga conocimiento de lenguas indígenas y pueda brindar atención a quienes lo requieran.
Por su parte, la diputada Alejandra Ang cuestionó las acciones de la Dirección de Combate Legal a la Corrupción. La consejera explicó que dicha área tiene facultades para presentar denuncias por actos que afecten los intereses del Gobierno estatal y atender demandas solicitadas por dependencias, pero no cuenta con atribuciones de fiscalización ni de prevención, funciones que corresponden a la Secretaría de Honestidad.
En otro tema, el diputado Juan Manuel Molina García preguntó sobre la homologación salarial de los defensores públicos. La funcionaria indicó que continúan las mesas de trabajo para concretar el incremento, sujeto a la revisión de su viabilidad financiera.
En la comparecencia participaron integrantes de distintas fuerzas legislativas, así como funcionarios de la Consejería Jurídica, entre ellos el subconsejero jurídico José Fernando Velardez Núñez, la subsecretaria de la Zona Costa, Brenda Delgado, y la directora estatal de Defensoría Pública, Estela Reyes.
