En México hay al menos mil 978 fosas clandestinas contabilizadas de 2006 a 2016, indicaron periodistas y representantes de grupos de rastreadoras, quienes denunciaron que las autoridades de ocho entidades se negaron a dar información sobre el tema.
En la presentación del mapa de fosas clandestinas y el proyecto web «A dónde van los desaparecidos», la periodista Marcela Turati explicó que el proyecto es realizado por un colectivo de comunicadores e investigadores, con el objetivo de «pasar de las historias a las lógicas de la desaparición, a los patrones de las personas desaparecidas».
Con base en los datos de fiscalías estatales, indicaron que de 2006 a 2016 tienen el registro de mil 978 fosas, con 2 mil 884 cuerpos, mil 381 de los cuales han sido identificados. Respecto a restos, tienen el registro de 324 cráneos, 227 osamentas.
Explicaron que la información mostrada es de 24 estados del país, y de acuerdo con los datos se detectó que en uno de cada siete municipios se excavaron fosas, cifra que difiere de la que ha mostrado la Procuraduría General de la República (PGR).
Para esta investigación ocho estados se negaron a dar la información o dijeron que no tenían datos del registro de fosas: Puebla, Chiapas, Guanajuato, Baja California, Yucatán, Querétaro, Hidalgo y la Ciudad de México.
Destacaron que Yucatán es el único estado de la República del que ni la PGR ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen registro de fosas.
La periodista Alejandra Guillén indicó que el proyecto se basa únicamente en las respuestas de las fiscalías estatales y buscaban conocer cuántos cuerpos había en cada una de las fosas y si habían sido identificados.
Mencionó que tardaron entre año y medio y dos años en realizar la investigación y «fue desastroso lo que encontramos en las respuestas de las fiscalías», porque algunos incluso preguntaron a qué se referían o dijeron que desconocían si había cuerpos o restos óseos en las fosas.
Guillén criticó que las autoridades no están llevando un registro adecuado y no hay una homologación de criterios.
Mirna Medina, fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, recordó que en muchos de los casos que hay en el país, grupos de familias que perdieron a un ser querido tuvieron que salir a buscarlos.
Aseguró que hay una doble desaparición de personas, por el crimen organizado y porque el gobierno los entierra de nuevo al no buscarlos o encontrarlos y no identificarlos.
En la etapa de transición, hizo un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
«Nosotros estamos exigiendo al nuevo gobierno que cambien las cosas, que esto se tome con más seriedad», enfatizó.
Lucy Díaz, fundadora del Colectivo Solecito, dijo que «México en temas forenses está en un atraso muy grave», porque el número de víctimas deja ver que no hay un Estado de Derecho.
Recordó que en Veracruz la sociedad civil ha estado trabajando para localizar fosas y cuerpos, haciendo lo que le corresponde a las autoridades.
Añadió que «no hay nada más perverso que dejar a una persona en una fosa clandestina, porque es negar que estuvo en esta tierra», por lo que exhortó a que se identifique a los cuerpos y los restos que se han hallado.
Carolina Robledo, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), comentó que las fosas clandestinas son una afrenta contra la democracia, por lo que este proyecto es más que hacer una «contabilidad de lo macabro».
Explicó que los datos muestran que hay una sistematización de las fosas y que si se hiciera una comparación, muchos de los cuerpos que se encuentran en las fosas son de personas que en vida tenían condiciones precarias.