En Argentina se aprobó una iniciativa municipal que legalizó la matanza de perros callejeros por “estorbar el tránsito y romper bolsas de basura”.
En el municipio argentino de Puerto Deseado, en la región de Santa Cruz, la ordenanza número 6933/18, fue aprobada recientemente como “método de control poblacional canino”.
De acuerdo a las autoridades firmantes, “la elevada tasa de animales en las calles de la ciudad petrolera es consecuencia de la falta de una campaña de esterilización masiva”, entre otros factores.
Ante los pocos refugios para perros sin dueño administrados por el gobierno, se llegó a la conclusión que “la mejor solución” para controlar su población es sacrificarlos.
Según Juan Raúl Martínez, presidente del Concejo Deliberante del municipio de Puerto Deseado, “la problemática de perros sueltos en la vía pública se ha vuelto crítica“.
El funcionario también dijo que la presencia de perros en la ciudad “conlleva a situaciones de riesgo para la población por mordeduras y contagio de enfermedades”.
Entre las razones que se ofrecieron para impulsar la ordenanza destacan la de que los perros “impiden la libre circulación” y “rompen las bolsas de basura al buscar alimento, generando contaminación ambiental”.
Graciela Fayt, abogada animalista consultada por medios locales, indicó que “la ordenanza demoniza a los animales al ponerlos como fuente de peligros y enfermedades”.
La legista dijo que si bien hay una contradicción en el término usado en el documento para referirse al sacrificio de animales sanos (sacrificio eutanásico), faltan motivos de peso para justificar la matanza de animales que fueron abandonados o que deambulan en las calles como consecuencia de dos factores: la ausencia de medidas estatales para controlar su población sin matarlos y la negligencia de sus antiguos dueños.
La ordenanza municipal de Puerto Deseado, Argentina, establece “la eutanasia como medio de control de la población canina”.
Esto, en otras palabras, “legaliza la matanza de perros callejeros”, lo que ha generado descontento entre la población e incluso en miembros de la cámara de diputados de Argentina.
A través de un comunicado, los legisladores argentinos expresaron su repudio.
No se debe legalizar la matanza de animales, ni siquiera como extrema ratio, con una ordenanza que viola sus derechos, que están protegidos por el Código Penal y por la Ley 14.346 y tratados internacionales.
Las políticas públicas de control poblacional de animales deben basarse en la implementación de campañas de castraciones masivas, sistemáticas, tempranas, extendidas, abarcativas y gratuitas, como método para evitar la reproducción canina y solucionar la problemática de la superpoblación.