En el estado de Sonora una mujer dio a luz en un automóvil, pues no le quedó de otra, luego de que en el Centro de Salud de Magdalena de Kino le negaran la atención médica.
Ante esta situación la mujer regresó al hospital por ayuda y aunque se la dieron no fue la que cualquier mujer después de dar a luz espera, pues ingresaron al menor a una “incubadora” hecha con un garrafón de agua.
Este hecho fue compartido a través de Facebook por la abuela de la recién nacida, Noemí Hernández de Valdivia. Denuncia que fue dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como al secretario de Salud local, Enrique Clausen Iberri y a la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano.
Al respecto, la denuncia informa que esta familia es derechohabiente del Seguro Popular, por llo que creyeron que tendrían una atención sin mayor problema.
Finalmente, es importante señalar que en dicha publicación los usuarios de Facebook reprobaron a la gobernadora priista Claudia Pavlovich por haber quitado del cargo a la directora pasada del centro de Salud.
Este caso es violencia obstétrica
Debido a la nula atención en un principio a la mujer y que la orillaran a parir en el automóvil, tiene un nombre, pues representa un tipo de violencia contra las mujeres, se llama violencia obstétrica. El grupo GIRE, especialista en temas de salud y prevención reproductiva define qué es y de qué va este tipo de violencia:
“La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos y privados y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género.
Las mujeres en México enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos, que van desde la discriminación en el acceso y la negativa de los servicios de salud obstétrica, hasta la atención deficiente en la prestación de los servicios debido a problemas estructurales en los sistemas de salud, como infraestructura insuficiente y la falta de capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y locales, para atender partos y urgencias obstétricas, así como los procesos de enseñanza para el personal médico que favorecen una visión autoritaria que fomenta el maltrato y en la que las opiniones de las mujeres no son tomadas en cuenta durante los procesos obstétricos”.