- El Proceso Electoral de Baja California dará inicio la primera semana de diciembre 2020 y no el mes de septiembre, como indican los periodos electorales federales. Por austeridad justificaron su aprobación.
Seis votos a favor y cinco en contra fueron los que registró la Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la que los ministros declararon la validez del Decreto 52, el que solicitaba la modificación del Proceso Electoral en el estado de Baja California, iniciando en el mes de diciembre y no en septiembre como se esperaba.
La justificación para aprobar este Decreto, fue el tema de la austeridad por lo que el Congreso de Baja California aprobó la disminución del periodo en tres meses y dar inicio la primera semana del mes de diciembre de ese 2020.
Tras la modificación los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Revolucionario Institucional presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, argumentando una serie de irregularidades en el proceso legislativo, ya que los periodos federales darán inicio en este mes de septiembre.
La ministro Norma Lucía Piña contempló declarar la invalidez del Decreto 52 debido a que se presentaron diversas irregularidades, como las documentadas por el Poder Ejecutivo, donde se encontraron reformas que originalmente no se habían incluido.
Sin embargo, 6 de los 11 ministros consideraron que el proceso legislativo se llevó a cabo conforme a derecho, por lo tanto, declaró infundados los argumentos presentados por los inconformes.
La propuesta de la ministra señaló que el Congreso del Estado tiene la facultad de modificar los plazos, siempre y cuando cumplan con los principios constitucionales, sin embargo representará principalmente un impacto negativo en los procesos para acceder a candidaturas independientes, así justificó su invalidez.
Finalmente y posterior a la argumentación presentada por la ministro, 6 de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron en contra de la invalidez, y consideraron que la modificación no afecta a los ciudadanos acceder a una candidatura independiente.