- Busca contribuir a un mejor acceso de la justicia a las mujeres en contexto de desigualdad y violencia“.
- Pocos casos se han investigado y juzgado con perspectiva de género, son insuficientes para transformar un sistema de justicia”.
Con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia para las mujeres en contexto de desigualdad y violencia, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó iniciativa de reforma con proyecto de decreto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.
La legisladora propuso incluir en los programas la perspectiva de género con un enfoque interseccional y de derechos humanos para las mujeres, en los asuntos de orden penal en la materia, donde deberán dar preferencia a personas peritas que cuenten con capacitación y experiencia en temas de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, así como en materia de orden civil.
Subrayó que han sido pocos los casos que se han investigado y juzgado con perspectiva de género, los cuales son insuficientes para transformar un sistema de justicia que tiene una marcada visión androcéntrica y misógina.
En Baja California por ejemplo, está el reciente caso Alina, quien obtuvo su libertad por resolución en segunda instancia debido a la aplicación de la perspectiva de género.
Refirió que en un estado donde sólo del mes de enero a agosto de 2023, se han aperturado 15 carpetas de investigación por feminicidio, 162 por homicidios dolosos contra mujeres, 9,775 por violencia familiar, 661 por violación y 137 por corrupción, según datos ofrecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se puede pensar en el acceso a la justicia sin la implementación de la metodológica para la investigación con perspectiva de género y enfoque interseccional.
En el ámbito local, se han realizado diversas adecuaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece en su artículo 42 que a la Fiscalía General del Estado le corresponderá: diseñar la política en materia de procuración de justicia para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: derechos humanos y género, perspectiva de género y eliminación de estereotipos sobre rol social de las mujeres.