- “Es una obligación y un compromiso apoyarlos y se buscarán los mecanismos para seguir beneficiando a los policías”: Diputada Araceli Geraldo.
La presidenta del Poder Legislativo, diputada Araceli Geraldo Núñez, recibió al presidente de la Federación Policial de Baja California, Alejandro Monreal Noriega, quien reconoció la disposición del gobierno y del Congreso del Estado para garantizar los derechos de las y los policías.
Por su parte la diputada Araceli Geraldo, externó el respaldo total por parte de la Presidencia del Congreso estatal a todas las corporaciones policiacas en la entidad, reconoció que con el bienestar de los agentes se contribuye también a salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, agregó que “es una obligación y un compromiso como legisladores apoyarlos y se buscarán los mecanismos para seguir beneficiando a los policías”.
Escuchó a cada uno de los representantes de las corporaciones quienes expusieron los logros alcanzados, su sentir y agradecimiento por apoyarlos desde la anterior legislatura e hicieron mención de los beneficios que han sido también para los peritos, agentes del Ministerio Público, auxiliares y el personal administrativo.
Cabe destacar que la XXIV Legislatura ha aprobado diversas iniciativas, exhortos y decretos en la materia, como son recientemente la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, con el propósito de que los elementos policiacos puedan portar su arma de cargo aun estando fuera del servicio; la aprobación de un decreto para la incorporación de elementos policiacos de Tecate y San Felipe a la seguridad social del IMSS; además de reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California en materia de igualdad de género, para que las mujeres policías cuenten con un área digna y accesible en periodos de lactancia, entre otras.
Este encuentro reafirma el compromiso de colaboración a través de políticas públicas enfocadas no sólo en la seguridad de sus habitantes, sino también en la prevención del delito y el fortalecimiento de las corporaciones bajo los principios constitucionales de legalidad, honradez y respeto a los derechos humanos.