Este lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinará si aplicará alguna sanción a Jaime Rodríguez “El Bronco” por utilizar recursos ilegales para recabar las firmas que le permitieron obtener su candidatura a la presidencia.
En entrevista para #AristeguiEnvivo con Isaías Robles, Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización el INE, señaló que durante el levantamiento de firmas el candidato independiente utilizó tres esquemas de financiamiento con recursos ilegales.
El primero, explicó, fue el uso de servidores públicos que estaban en la nómina del gobierno del estado de Nuevo León, para recabar firmas de apoyo.
“Estos servidores públicos que pertenecen a 29 dependencias en sus horarios de trabajo estuvieron dedicados a estar recabando las firmas. Nosotros lo que hicimos fue cruzar la base de datos con los auxiliares dados de alta por el propia aspirante ante el INE con el listado de trabajadores del estado y de ahí se encontraron 652 servidores públicos”, detalló.
El segundo, apuntó, “fue la triangulación de recursos de procedencia ilícita para simular recursos lícitos”, es decir, empresas mercantiles transfirieron cantidades millonarias a ciudadanos para que ellos hicieran los donativos a la campaña del “Bronco”, ya que la ley establece que “el financiamiento privado solo puede venir de los ciudadanos”.
De acuerdo con Murayama, de los 17 millones y medio que recibió la asociación del Bronco, Viva la Independencia, 15 millones fueron donados por 82 ciudadanos, quienes realizaron aportaciones mayores a 100 mil pesos.
“Pudimos comprobar que parte de estas personas no tienen ingresos que puedan hacer donativos de 230 mil pesos porque su ingreso era de nueve mil pesos mensuales. Entonces les llegaban 230 o 235 mil pesos y los depositaban al día siguiente. De tal manera, que era una especie de triangulación para ocultar que el dinero salió de una empresa mercantil”.
El consejero señaló que el tercer acto tiene que ver con “una trama de financiamiento ilegal y opaco“, ya que el INE descubrió que empresas pagaron dinero a las personas que recabaron las firmas.
“No es ilegal recibir pago, lo que es incorrecto es que no se haya avisado a la autoridad, por eso digo que es opaco. ¿Y quién les pagó? Otra vez empresas mercantiles. De tal manera, que lo que estamos viendo es un origen ilegal por ser una empresa mercantil y opaco por no ser reportado por una autoridad electoral. Ahí estamos hablando de seis millones de pesos que se movieron a través de esta trama”, expuso.
Sin embargo, a pesar de estas irregularidades, Murayama precisó que el INE no puede retirarle su candidatura y, de acuerdo a la ley, lo más que se le puede cobrar son 739 mil pesos de multa.
“Formalmente no hay posibilidad de retiro de la candidatura desde la mesa del Consejo General, lo que sí está claro es que estas prácticas no son propias de una conducta apegada a la legalidad y a las prácticas democráticas”, añadió.
A continuación la entrevista completa: