- Verificadores de la Empresa Iberparking, presuntamente, realizarían llamadas EN FALSO al 911, reportando una supuesta “Alteración del Orden Público”, con el objetivo de intimidar a la ciudadanía.
- Los elementos de Seguridad Ciudadana han declarado que no se encuentran interviniendo a favor de la empresa de Parquímetros y han invitado a denunciar ante la Fiscalía los atropellos de la empresa.
Un nuevo modus operandi ha sido identificado por parte de los ciudadanos tecatenses que transitan y utilizan los espacios públicos de la zona centro de Tecate, Baja California para estacionarse.
Y es que según el reporte, verificadores y verificadoras de la empresa Iberparking, habrían presuntamente realizado una serie de llamadas EN FALSO al 911, denunciando una supuesta “Alteración del Orden Público”, caso particular, por el que elementos de Seguridad Ciudadana, arriban al espacio de donde surge el reporte, significando un acto de intimidación hacia la ciudadanía, que ha decidido no realizar el pago ilegal de multas de esta empresa originaria de San Luis Potosí.
La Policía Municipal, y sus elementos, han mencionado, no realizar intervenciones a favor de la empresa, que no existen consecuencias contra ciudadanos que decidan no pagar por estacionarse en la vía pública, y que solamente atienden reportes para prevenir que alguna discusión entre verificadores y ciudadanos afectados concluya en una riña.
De manera reciente el alcalde de Tecate, Darío Benítez, habría mencionado en un reconocido programa de Radio Local que el Contrato con la Empresa Iberparking es Corrupción, por lo que se ha generado aún más confusión sobre la operatividad de esta empresa y la evidente privatización de la vía pública en el Pueblo Mágico de Tecate.
A las constantes manifestaciones, se han sumado, comerciantes afectados, vecinos de la zona centro y ciudadanía en general, que rechaza el cobro ilegal de una empresa privada por utilizar espacios de la vía pública para estacionarse.
Grupos de la sociedad civil han invitado a la ciudadanía afectada, a solicitar a verificadores retirar los inmovilizadores (a ciudadanía afectada), en caso de hacer caso omiso, solicitar que se identifiquen con nombre completo, poner una denuncia ante la Sindicatura Municipal, y ante la Fiscalía. Aseguran que solo se trata de un acto de intimidación.