- Activistas exigen garantizar sentencias y fiscalías especializadas para casos de maltrato.
Con la reciente modificación al artículo 7° de la Constitución del Estado de Baja California, que reconoce a los animales como seres sintientes, asociaciones de la sociedad civil y abogados especialistas hicieron un llamado a las autoridades para garantizar el acceso real a la justicia en casos de maltrato y crueldad animal.
“Hoy queremos alzar la voz en nombre de todos los animales para que, gracias a la reciente reforma que hubo a nuestra Constitución Política del Estado de Baja California, se les dé un trato digno y un bienestar integral”, señaló Frank Ortiz, director de Estrategia Jurídica de Abogados Animalistas México A.C.
En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Cuatro Comunicación, el activista explicó que este reconocimiento constitucional representa un cambio de fondo en el diseño legal del estado, ya que obliga a las instituciones públicas a replantear la manera en que se protege la vida animal.
“El artículo séptimo local implica hoy un reconocimiento de sintiencia y de especial protección, eso es lo que en el diseño constitucional el gobierno del Estado nos permitió trabajar junto con la gobernadora y el consejero jurídico, y hoy eso contempla un mecanismo distinto para proteger a los animales”, expresó.
Ortiz destacó que, asumir que los animales sienten, conlleva responsabilidades en el diseño de políticas públicas y en la organización institucional que debe atender sus derechos, por lo que propuso la creación de un sistema integral de protección animal, en el cual las leyes, dependencias y órganos del Estado trabajen de manera coordinada para asegurar la protección de los animales, en todos los niveles.
El directivo añadió que este avance constitucional debe reflejarse en reformas legales que incluyan la actualización de los tipos penales relacionados con el maltrato y la crueldad animal, así como el fortalecimiento institucional de las agencias responsables de impartir justicia en esta materia.
“Insistimos y pedimos a las legisladoras y a los legisladores entrar al análisis del tipo penal, porque esto fue hace 10 años que se instituyó en Baja California el delito de maltrato animal, entonces hoy tenemos nuevas perspectivas y debemos generar mejores oportunidades de justicia”, comentó.
En ese sentido, enfatizó la urgencia de abordar los casos de negligencia o daño por parte de profesionales veterinarios, quienes hasta ahora no han sido vinculados a proceso a pesar de existir múltiples denuncias públicas y evidencia documentada.
Asimismo, urgió el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra los Animales, ya que actualmente sólo cuenta con dos fiscales especializados para atender todo el estado, al tiempo que hizo un exhorto al Poder Judicial del Estado para capacitar a jueces y magistrados para garantizar el debido acceso a la justicia.
Por su parte, la abogada activista Joselyne Mejía denunció públicamente el caso de Camila, una perrita yorkshire que murió tras presuntamente no recibir atención médica adecuada en una clínica veterinaria de Tijuana, ubicada sobre el Bulevar Fundadores.
“Solicito que el caso Camila, cuya carpeta de investigación contra maltrato o crueldad animal que es la número 2020-15192, tenga derecho a recibir una sentencia favorable, ya que se entregaron todas las pruebas y evidencias para demostrar el delito de maltrato animal”, puntualizó.
Subrayó que la investigación ha pasado por cinco agentes del Ministerio Público y ha sufrido retrasos graves sin justificación, a pesar de la claridad en los elementos del caso, y que al menos otras cinco denuncias, además de la de Camila, fueron presentadas contra la misma clínica por diferentes víctimas, pero ninguna ha recibido sentencia favorable.
De ahí que Mejía hizo un llamado directo a las autoridades estatales para que este caso no quede impune y se sienten precedentes jurídicos que permitan sancionar no sólo a personas físicas, sino también a empresas y establecimientos que incurran en malas prácticas contra los animales.
“Estos serían los primeros precedentes que consignen a médicos veterinarios, y también a todas aquellas empresas que prestan servicios y cometen actos de crueldad contra los animales”, concluyó.
En la conferencia también participaron la Lic. Atzimba Villegas, presidenta de la Asociación de Turismo de Salud de Baja California, así como Patricia Sandoval y Gisela Altamirano, representantes de la organización Patitas Firmes.