El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado su cruzada contra el llamado “turismo de parto”, una práctica en la que extranjeros viajan a Estados Unidos con visas de turista con el objetivo principal de que sus hijos nazcan en suelo estadounidense y así obtengan la ciudadanía automática.
Esta ofensiva migratoria se produce en medio de la revisión por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos de la propuesta impulsada por Trump para revocar el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento, establecido en la Enmienda 14 de la Constitución. La iniciativa, que ha generado amplio debate legal y político, apunta principalmente a los hijos de personas que se encuentran en el país sin documentos legales.
Ante la suspensión temporal de esta propuesta por parte del Poder Judicial, la administración Trump ha recurrido a medidas más inmediatas a través de su cuerpo diplomático y consular, particularmente en países como México, donde se ha detectado un alto número de casos de turismo de parto.
Según información emitida por la Embajada de Estados Unidos en México, las solicitudes de visa serán rechazadas si se determina que el solicitante tiene como propósito primario dar a luz en territorio estadounidense, con el fin de asegurar la nacionalidad para su hijo. Los funcionarios estadounidenses calificaron esta práctica como un “abuso del sistema de inmigración”, al considerar que se distorsiona el uso legítimo de las visas de turismo.
“Esto es inaceptable”, indicó un portavoz de la embajada, reiterando que los oficiales consulares están facultados para detener y rechazar solicitudes de quienes busquen beneficiarse de lo que, en palabras del propio Trump, ha sido un “regalo invaluable” entregado sin las debidas restricciones.
Una estrategia polémica y sin precedentes
El enfoque del mandatario republicano se enmarca dentro de su línea política de tolerancia cero en materia migratoria, donde el combate al supuesto aprovechamiento del sistema estadounidense por parte de migrantes ha sido una de sus principales banderas.
El argumento central del gobierno es que el derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido explotado por extranjeros, sin aportar beneficios tangibles a la nación. Para Trump y sus aliados, la ciudadanía debería reservarse a quienes cumplen ciertos criterios y no ser resultado automático del nacimiento en suelo estadounidense.
No obstante, críticos de la medida, incluyendo defensores de derechos humanos, juristas constitucionales y organizaciones migratorias, han advertido que revocar la ciudadanía por nacimiento violaría derechos fundamentales y abriría la puerta a una era de “apatridia”, donde miles de niños podrían nacer sin nacionalidad reconocida.
Por ahora, el destino de la propuesta se encuentra en manos de la Suprema Corte, que deberá determinar si el Ejecutivo tiene la facultad de reinterpretar la Constitución o si se requiere una reforma constitucional formal para eliminar este derecho.
Mientras tanto, los controles consulares se han vuelto más estrictos y selectivos, generando ya afectaciones entre solicitantes de visa, principalmente mujeres embarazadas en el último trimestre de gestación.