- La inseguridad sigue siendo el principal problema para la ciudadanía y la iniciativa privada.
Ante los recientes hechos de alto impacto registrados en Mexicali y Tijuana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana hizo un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad.
El presidente del organismo cúpula, C.P. Roberto Lyle Fritch, refirió que el crimen del subcomandante de la Policía Municipal de Mexicali, ocurrido el pasado 14 de julio, así como los ataques recientes contra elementos de seguridad y ciudadanos en Tijuana, confirman el deterioro en la percepción ciudadana y el incremento sostenido de la violencia.
“Estos hechos recientes reflejan que la violencia y la inseguridad no han disminuido como se percibía en meses anteriores, ya que la ciudadanía siente temor constante y la iniciativa privada enfrenta un ambiente adverso para operar y atraer inversión”y también afecta considerablemente al turismo señaló.
Y es que, de acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad, apuntó, la percepción de inseguridad en la Zona Metropolitana de Tijuana (ZMT) pasó de 73.6% en diciembre de 2024, a 84.1% en mayo de 2025, con un incremento sostenido a partir de marzo.
En ese sentido, el dirigente subrayó que, si bien la incidencia delictiva total en Baja California había mostrado una disminución hasta febrero, a partir de marzo se observó un repunte en los delitos registrados, lo que agrava la sensación de vulnerabilidad entre la población.
Lyle Fritch mencionó que la inseguridad se mantiene como la principal preocupación ciudadana (84%), seguida por la salud (82%), el aumento de precios (79.9%) y la falta de castigo a delincuentes (79%).
Por otro lado, el análisis trimestral sobre el cobro de piso en la Zona Metropolitana de Tijuana, basado en la percepción ciudadana, revela un panorama que requiere atención inmediata y estrategias diferenciadas por delegación.
Al respecto, el líder del CCE Tijuana enfatizó que, con un promedio general del 36.91% de hogares que detectan esta práctica delictiva en su entorno, los datos muestran patrones geográficos específicos que demandan intervención focalizada en el área metropolitana.
Detalló que los sectores empresariales más afectados con el cobro de piso son el comercio al por menor; restaurantes y servicios de alimentación; transporte de carga; y las pequeñas y medianas empresas familiares.
“Estos datos no evidencian la necesidad urgente de políticas públicas eficaces que mejoren la calidad de vida y reduzcan los factores de riesgo que alimentan la violencia”, recalcó Roberto Lyle.
Finalmente, anotó que resulta necesario un análisis profundo y la implementación de estrategias integrales para atender no sólo la incidencia delictiva, sino también los factores estructurales que deterioran la confianza de la ciudadanía.