El partido Movimiento Ciudadano (MC) lanzó una severa acusación contra el delegado federal del Bienestar en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, por presuntos actos anticipados de campaña disfrazados de “promoción institucional”, al inundar el estado con más de 90 espectaculares que exhiben su nombre e imagen.
En conferencia de prensa, la diputada local Daylín García Ruvalcaba señaló que esta estrategia atenta contra los principios de equidad y legalidad electoral, al utilizar recursos y plataformas institucionales con fines personales.
“Nos quieren ver la cara con estos actos disfrazados. No podemos normalizar este tipo de abusos que dañan la democracia”, declaró tajante la legisladora.
Los dirigentes de MC también exigieron transparencia sobre el financiamiento de esta campaña de espectaculares, recordando que las mismas pantallas digitales fueron utilizadas anteriormente para promover la figura del exalcalde Luis Ayala y eventos oficiales como el Tianguis Turístico.
Denuncias adicionales: Partido Verde bajo la lupa
Durante el evento, también se dio a conocer que Movimiento Ciudadano interpuso una queja formal contra el Partido Verde Ecologista de México, a quien acusan de presuntamente condicionar la entrega de despensas y apoyos sociales a cambio de afiliaciones partidistas, práctica que calificaron como una forma de coacción del voto.
Presentan plan de trabajo estatal
Más allá de las denuncias, Movimiento Ciudadano aprovechó el espacio para presentar su plan estatal de trabajo, con el que buscan construir una alternativa política centrada en la ciudadanía, alejada de las viejas prácticas y enfocada en propuestas concretas para los bajacalifornianos.
El encuentro contó con la participación de diversas figuras del partido, entre ellas:
• Gustavo De Hoyos, diputado federal
• Karla Ruiz Macfarland, coordinadora municipal en Tijuana
• Carmina Romero, coordinadora municipal en Tecate
• Argelia Núñez, Carlos Culebro y Miroslava Terrazas
El acto, que dejó entrever una creciente tensión rumbo al proceso electoral, marca un nuevo episodio en la disputa por el control político de Baja California, donde el uso de la imagen pública y los recursos gubernamentales vuelve a estar en el centro del debate.