- Propone una activación inmediata de la Alerta Amber y el Protocolo Alba, respaldada por tecnología móvil y colaboración interinstitucional.
- La iniciativa plantea integrar herramientas digitales, telecomunicaciones y convenios públicos-privados para fortalecer la localización de menores y mujeres desaparecidas.
El diputado Jorge Ramos Hernández presentó una iniciativa que promueve el uso de herramientas tecnológicas y la actualización de protocolos como la Alerta Amber y el Protocolo Alba, bajo una lógica de coordinación inmediata entre autoridades y sociedad, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de respuesta ante la desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La propuesta contempla que la Comisión Local de Búsqueda en Baja California diseñe acciones urgentes, inmediatas y tecnológicas, en colaboración con ambos protocolos, priorizando la protección de la vida e integridad de las personas desaparecidas.
Asimismo, se solicita que el Mecanismo Estatal de Coordinación firme convenios con instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios de telecomunicación y similares, y actualice sus estándares en relación con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
“Es indispensable reforzar las medidas tendientes a la búsqueda y localización de personas, aprovechando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las plataformas institucionales de seguridad pública”, sostuvo Jorge Ramos.
Como parte central de la iniciativa, se propone que la Alerta Amber pueda emitirse directamente a dispositivos móviles cercanos al sitio de desaparición mediante sistemas de geolocalización.
El legislador destacó que toda desaparición de menores en situación de peligro grave debe ser atendida sin dilación, eliminando prácticas que retrasen su activación. “Cuando la vida de los menores este en riesgo, el Estado debe reaccionar de forma inmediata, sin burocracia”, subrayó.
De esta manera la iniciativa de reforma a la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas, fue turnada a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, para su debido análisis y viabilidad.