La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Lizbeth Mata Lozano, calificó como “irresponsables y basadas en mentiras” las declaraciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien aseguró que existía una orden de aprehensión contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel.
Estas afirmaciones fueron desmentidas de manera categórica por el Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien aclaró que “ninguna de las dos personas mencionadas cuenta con orden de aprehensión” (Zeta Tijuana).
A través de las redes sociales del PAN Baja California, Mata Lozano expresó:
“La respuesta de la gobernadora Marina del Pilar fue irresponsable y basada en mentiras. Hoy, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, lo aclaró: no existe ninguna orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel. Basta de engañar a la ciudadanía con cortinas de humo.”
Politización de la justicia y desvío de atención
El incidente ha generado un intenso debate sobre la politización de la justicia en Baja California. La acusación infundada contra un exgobernador del PAN es percibida por analistas y miembros de la oposición como un posible intento de desviar la atención pública de investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción dentro del propio gobierno estatal.
De acuerdo con observadores, el gobierno de Morena podría estar utilizando la narrativa de la supuesta orden de aprehensión para generar cortinas de humo, desviar la atención de la ciudadanía y mitigar el impacto de los señalamientos sobre políticos, gobernantes y empresarios vinculados a la red de financiamiento ilícito conocida como “huachicol fiscal” (Sistema Alternativo de Noticias).
Riesgos institucionales y necesidad de transparencia
Expertos destacan que la politización de la justicia socava la confianza ciudadana en las instituciones y debilita el Estado de Derecho. Ante este tipo de episodios, es fundamental que las autoridades actúen con transparencia y responsabilidad, evitando el uso de la justicia con fines partidistas y priorizando la verdad y la imparcialidad.
El caso subraya la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia, garantizando que sus decisiones sean autónomas y basadas en hechos verificables, y no en intereses políticos o mediáticos.
Asimismo, pone en evidencia la importancia de una oposición vigilante y crítica, capaz de desempeñar un papel activo en la defensa de la legalidad y la transparencia, contribuyendo al equilibrio y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder.