- Dirige su exhorto a las secretarías del ramo, así como a las diputaciones locales que presiden las comisiones de Energía y Recursos Hidráulicos, y la de Agricultura.
- Los productores han demostrado que el manejo social del agua, con vigilancia local y participación técnica, puede ser más eficiente y transparente que la burocracia federal.
La Diputada María Yolanda Gaona Medina exhortó a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, a que se instale una mesa técnica permanente en el Valle de Mexicali.
Propone que sea integrada por: productores; representantes de módulos de riego, académicos, y funcionarios de CONAGUA designados por sus titulares a nivel federal y local, para evaluar los impactos de la reforma federal en la materia, con un diagnóstico jurídico y técnico del distrito de riego, y emitir una posición formal del Estado, en defensa del patrimonio y de la seguridad hídrica de la región.
De igual forma, les solicitó que realicen un foro público en el Valle de Mexicali, a las diputaciones locales Adriana Padilla y Fidel Mogollón, a través de las comisiones de: Energía y Recursos Hidráulicos y de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca que presiden, respectivamente.
Esto, con la participación de especialistas; organismos de riego; cámaras agrícolas y dependencias federales, a fin de analizar los alcances de la iniciativa federal en materia de agua agrícola, para remitir las conclusiones a la Cámara de Diputados y al Senado de la República como posición oficial de esta Legislatura.
Indicó en su exposición de motivos que, en el centro del debate nacional se encuentra la Iniciativa de Ley General de Aguas, impulsada por el Gobierno Federal, que busca reemplazar a la actual Ley de Aguas Nacionales.
Modifica el principio de certeza sobre el que se ha construido todo el sistema de riego, al eliminar la transmisibilidad automática de los derechos; se fractura la relación entre tierra y agua; devalúa el valor patrimonial de los predios agrícolas; y se pone en riesgo la capacidad de los productores de acceder a crédito, financiamiento o inversión.
En el Valle de Mexicali, el valor de una hectárea no depende sólo del suelo, sino del volumen de agua que la acompaña. Si el productor no puede transferir o heredar ese derecho de agua, su tierra y en consecuencia su patrimonio pierde valor; y si la autoridad federal puede decidir discrecionalmente a quién se le renueva o reasigna la concesión, la propiedad pierde certeza jurídica.
Agregó Mayola Gaona que esto no es un asunto menor; en los hechos lo que se está proponiendo, es una recentralización total del control sobre el agua, bajo la idea de que solo el gobierno sabe cómo administrarla.
Pero los productores del valle, ya demostraron que el manejo social del agua, con vigilancia local y participación técnica, puede ser más eficiente y transparente que la burocracia federal.
