- Dos años y medio después, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la medida cautelar. Deberán reconocer públicamente el trabajo periodístico y la libertad de expresión.
La violencia contra periodistas en México mantiene un índice de impunidad superior al 98%, un contexto que vuelve especialmente significativa la Recomendación 6/2025 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) contra el Ayuntamiento de Tecate por vulnerar la libertad de expresión en agravio de un comunicador local.
El organismo determinó que el entonces presidente municipal del XXIV Ayuntamiento, Edgar Darío Benítez Ruiz, incurrió en actos de denostación pública contra el director del medio Códice, luego de que en agosto de 2023 emitiera declaraciones ofensivas y llamados públicos a desacreditar al periodista. Estas conductas fueron evidenciadas mediante videos, mensajes difundidos en redes sociales y entrevistas.
La CEDHBC solicitó en su momento medidas cautelares para proteger al comunicador, mismas que fueron aceptadas por el funcionario. Tras la investigación, el organismo acreditó que las expresiones realizadas desde la investidura municipal constituyeron agresiones directas contra la libertad de expresión.
El contexto es aún más preocupante si se considera que en México han sido asesinados 27 periodistas en los últimos tres años, según la propia Comisión. Pese a ello, en Tecate el gremio periodístico local ha guardado silencio ante los actos de violencia y hostigamiento, contrastando con otros municipios donde comunicadores han salido públicamente en defensa de la libertad de prensa.
La resolución de la CEDHBC también ha provocado una nueva ola de ataques en redes sociales contra periodistas, encabezada por exfuncionarios y por el propio exalcalde señalado, quien acumula diversas denuncias por actos de violencia, principalmente contra mujeres. Esta campaña de desprestigio vuelve a colocar en riesgo a comunicadores en un municipio donde la seguridad para el ejercicio periodístico es precaria.
La Recomendación ordena al Ayuntamiento reconocer públicamente la libertad de expresión como pilar democrático, integrar el documento al expediente laboral del responsable, y capacitar al personal municipal en estándares internacionales sobre libertad de prensa, como el caso Palacio Urrutia vs. Ecuador.
La CEDHBC recordó que las recomendaciones deben ser respondidas en un plazo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, el organismo podrá hacerlo público y el Congreso local podrá llamar a comparecer a los funcionarios involucrados.
La resolución se suma a un historial creciente de agresiones contra comunicadores en Baja California, uno de los estados con mayor riesgo para ejercer el periodismo, mientras la impunidad y las campañas de estigmatización continúan debilitando el derecho a informar y ser informado.