- La detección de «Lafita» en plena «Noche Buena», ha sido calificado como acto de represión y de censura contra comunicadores. Casos que van en ascenso en diversas zonas del país.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz imputó al periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”, los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y agresiones contra instituciones de seguridad pública, tras su detención el 24 de diciembre en Coatzacoalcos durante un operativo de fuerzas estatales y federales.
La imputación fue presentada ante un juez de control, quien dio continuidad al proceso y programó la audiencia para definir la situación jurídica del comunicador. El caso generó preocupación inmediata entre organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, que advierten un riesgo de criminalización del ejercicio periodístico al vincular la labor informativa con delitos de alta gravedad.
La organización Artículo 19 México y Centroamérica condenó la acusación y exigió respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y un control judicial estricto que impida el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación o represalia contra la prensa.
El caso también es seguido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, que llamó a garantizar las garantías judiciales del periodista.
Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle sostuvo que la actuación de la Fiscalía responde a un proceso legal y negó que se trate de censura, asegurando que en Veracruz existe libertad de expresión y aplicación imparcial de la ley.
La imputación reavivó el debate nacional sobre el equilibrio entre seguridad pública y derecho a la información, en un contexto marcado por la vulnerabilidad del periodismo y la necesidad de salvaguardas institucionales para evitar abusos contra la prensa.