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Advierten impacto en empleo y competitividad por reducción de obra pública en Baja California

Publicada el 25 enero, 202625 enero, 2026 por Andrés Salcido
  • La reducción del presupuesto destinado a obra pública en Baja California podría generar afectaciones significativas en el empleo, la actividad económica y la competitividad de la región, advirtió el sector de la construcción organizada.

Representantes de la industria señalaron que el recorte en los recursos para infraestructura ha provocado una desaceleración en la ejecución de proyectos, lo que limita la generación de empleos formales y reduce la derrama económica en distintos sectores vinculados a la construcción.

De acuerdo con estimaciones del gremio, el presupuesto estatal para obra pública ha registrado una caída considerable en los últimos años, al pasar de montos superiores a los seis mil millones de pesos a menos de la mitad para el ejercicio proyectado en 2026. Esta disminución impacta directamente en la planeación de proyectos estratégicos y en la capacidad de las empresas para mantener su operación.

El panorama se complica, añadieron, ante un entorno de menor inversión productiva, lo que incrementa la cautela de los inversionistas y retrasa decisiones clave para el desarrollo regional. La falta de infraestructura adecuada, advirtieron, reduce la competitividad de Baja California frente a otras entidades del país.

El sector subrayó que la industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía, ya que impulsa el empleo, el comercio y los servicios, además de representar una parte relevante del producto interno bruto. Por ello, alertaron que una contracción prolongada podría tener consecuencias estructurales en el crecimiento económico.

Ante este escenario, hicieron un llamado a fortalecer la coordinación entre autoridades, iniciativa privada, academia y sociedad civil, con el objetivo de generar estrategias conjuntas que permitan reactivar la inversión en infraestructura, priorizar a las empresas locales y crear condiciones favorables para el desarrollo económico sostenible.

Finalmente, destacaron la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que garanticen que los acuerdos se traduzcan en resultados concretos para la región y en beneficios directos para la población.

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