El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hará obligatorio que líderes sindicales, partidistas y de asociaciones civiles que reciban recursos del gobierno transparenten sus declaraciones patrimoniales y las hagan públicas.
Aun cuando recientemente declaró que habrá respeto hacia los sindicatos, el tabasqueño contempla una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de crear una ley federal de combate a los conflictos de intereses.
De acuerdo con el proyecto del presidente electo, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, en esta ley se establecerá un sistema universal de declaración patrimonial y declaración jurada al que tendrán que someterse todos los funcionarios.
Esta obligación aplicará a representantes populares, jueces, magistrados, militantes y funcionarios de partidos políticos, de sindicatos y miembros de asociaciones civiles y cualquier otra persona física o moral que utilice, recaude, resguarde, gestione dinero o que asuma obligaciones públicas y de naturaleza pecuniaria en nombre del gobierno de la República, indica la propuesta.
El texto incluye la instauración de tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión, así como fortalecer las disposiciones sancionadoras en materia de conflictos de intereses en la actual legislación.
«Habría que complementar este sofisticado régimen de sanciones con un nuevo diseño institucional que permita hacerlas efectivas. El pésimo diseño institucional para la rendición de cuentas ha garantizado a todos los funcionarios que delinquen en este aspecto total impunidad», muestra el documento que no precisa sanciones que pueden imponerse a quien no presente sus declaraciones patrimoniales.