En un operativo federal de alto impacto, autoridades detuvieron a Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, militante de Morena, por su presunta participación en una red de extorsión a comerciantes y empresarios, así como por posibles vínculos con el crimen organizado.
La captura se realizó como parte de la Operación Enjambre, una estrategia nacional contra la corrupción y la infiltración delictiva en gobiernos municipales, encabezada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Junto con el edil fueron arrestados tres funcionarios clave del Ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas.
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos habrían operado un esquema sistemático de extorsión, mediante el cobro ilegal de cuotas a negocios, empresarios y productores del sector tequilero y cervecero, aprovechando su posición dentro de la administración municipal. Las indagatorias también apuntan a una posible colaboración o protección a estructuras delictivas con presencia en la región.
El operativo contó con la participación coordinada de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes ejecutaron órdenes de aprehensión y cateos simultáneos en distintos puntos del estado de Jalisco.
Las autoridades federales informaron que la carpeta de investigación incluye delitos como delincuencia organizada, extorsión agravada y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin descartar que el número de implicados pueda aumentar conforme avancen las indagatorias.
Este caso se suma a otras detenciones recientes de presidentes municipales y servidores públicos en distintas entidades del país, lo que refuerza la estrategia federal para cerrar el paso a la corrupción y al control criminal en gobiernos locales.
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que en las próximas horas determinará su situación jurídica. El arresto ha generado inquietud en el ámbito político nacional, al evidenciar el alcance de las investigaciones y el endurecimiento de las acciones contra funcionarios presuntamente vinculados con actividades ilícitas.