Una diputada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para establecer como obligatorio el trabajo de las personas privadas de la libertad y que, con ello, contribuyan económicamente a su propia manutención.
Durante la discusión en tribuna, la legisladora sostuvo que el desempeño de actividades productivas dentro de los centros penitenciarios no solo fortalecería el proceso de reinserción social, sino que también permitiría a los internos asumir parte de los costos derivados de su estancia.
La propuesta plantea que el salario obtenido se distribuya en tres rubros específicos: una porción destinada a la reparación del daño a las víctimas; otra para la creación de un fondo de ahorro que el interno pueda utilizar al recuperar su libertad; y una fracción orientada a cubrir gastos de alimentación y estancia en el centro penitenciario.
Actualmente, el trabajo penitenciario en México está contemplado como un eje de la reinserción social; sin embargo, no siempre es obligatorio y su implementación varía según las condiciones y programas disponibles en cada penal.
La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación. En tanto, ha generado debate entre legisladores y especialistas en materia jurídica y de derechos humanos, quienes advierten que cualquier modificación deberá apegarse al marco constitucional y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.