- Autoridades municipales alegaron desconocer la suspensión provisional y no supieron precisar el monto a cubrir.
Tras impedir el Ayuntamiento de Playas de Rosarito el pago de la garantía ordenada por un juez federal dentro del amparo contra el aumento al predial 2026, se presentó una queja formal ante el Poder Judicial de la Federación por obstaculizar el cumplimiento de la suspensión provisional.
El coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Playas de Rosarito, Salvador Sánchez, informó que la persona quejosa y él acudieron a la recaudación municipal para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por el juez; sin embargo, funcionarios municipales señalaron que no tenían conocimiento de la suspensión y que no podían informar cuál era el monto que debía cubrirse como garantía.
“Nos apersonamos en el ayuntamiento para presentar la garantía. Solicitamos que nos indicaran por escrito cuál era el monto a cubrir y la autoridad dijo que no tenía conocimiento de la suspensión y que no sabía cuánto se debía cobrar”, explicó.
Señaló que el beneficiario de la suspensión acudió de buena fe para cumplir con el requerimiento judicial y que, ante la falta de certeza sobre la cantidad a depositar, se presentó un escrito formal solicitando que se precisara el monto correspondiente. No obstante, la autoridad municipal no emitió una respuesta clara que permitiera realizar el pago.
“Al no recibir una respuesta concreta ni permitirnos realizar el depósito, informamos en el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California que nos presentamos con la intención de cubrir la garantía y que fuimos obstaculizados. No hay intención de incumplir; al contrario, queremos cumplir exactamente como lo ordenó el juzgado”, sostuvo.
Movimiento Ciudadano informó que ya quedó constancia formal ante el Poder Judicial de la Federación sobre lo ocurrido, dentro del expediente correspondiente.
El coordinador del partido reiteró que continuará acompañando a las y los ciudadanos que han promovido amparos contra el predial 2026 que incrementó hasta 450% en algunas colonias, y advirtió que ningún trámite administrativo puede colocarse por encima de una resolución judicial federal.