- La reforma plantea paridad de género en Ayuntamientos, disciplina presupuestal en el Congreso y límites a las remuneraciones electorales.
- Con estas medias se busca fortalecer la democracia municipal garantizar austeridad y proteger los recursos públicos contra privilegios excesivos.
En seguimiento a la reforma a la Constitucional Federal denominada “Plan B”, el diputado Juan Manuel Molina García presentó ante la XXV Legislatura una iniciativa para armonizar la Constitución de Baja California, la cual busca garantizar la paridad de género en los Ayuntamientos, establecer un límite presupuestal para el Congreso y fijar topes en las remuneraciones de los organismos electorales.
En su planteamiento Molina García resaltó que la Presidenta de la República ha impulsado con determinación una profunda revisión del costo que representan los aparatos de gobierno, haciendo un llamado categórico a la moderación y al ejercicio responsable del gasto público.
“Cada peso que se destina a burocracia excesiva es un peso que se le quita a las calles, al agua potable y a la seguridad que las familias reclaman con urgencia”, refirió el legislador.
En lo que respecta a los Ayuntamientos, la iniciativa propone que los cabildos se integren con una sindicatura y hasta quince regidurías, incorporando de manera explícita los principios de paridad de género, perspectiva de igualdad e igualdad sustantiva. Con ello se busca que las decisiones municipales reflejen la diversidad de la sociedad y que las mujeres tengan garantizada su participación en la vida pública.
En materia presupuestal, se establece que el Congreso del Estado no podrá superar un el 0.70% del presupuesto estatal, garantizando disciplina financiera y austeridad republicana.
Igualmente, la reforma incluye que las percepciones de consejeros y magistrados electorales, así como los titulares de áreas ejecutivas y técnicas, estén sujetas a un límite constitucional, prohibiendo privilegios como seguros privados, pensiones especiales o prestaciones exclusivas. Con ello se busca blindar los recursos públicos contra el dispendio y asegurar que el servicio electoral se ejerza con responsabilidad y transparencia.
“La armonización no es solo un mandato federal, es un compromiso ético con la ciudadanía para que los recursos públicos se usen con responsabilidad”, concluyó Juan Manuel Molina.