- La diputada Alejandrina Corral busca garantizar certeza jurídica, frenar prácticas discrecionales y fortalecer la rendición de cuentas.
El Congreso del Estado de Baja California aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, mediante el cual se exhorta a diversas autoridades a transparentar los trámites urbanos e inmobiliarios en el municipio de Tijuana, así como a prevenir, investigar y sancionar posibles actos de corrupción vinculados a este sector.
La propuesta plantea la necesidad de atender un problema que impacta directamente en el desarrollo urbano, el acceso a la vivienda y la certeza jurídica de la propiedad, al advertir que prácticas discrecionales y retrasos injustificados en trámites podrían estar generando condiciones propicias para actos indebidos.
De acuerdo con la exposición de motivos, diversas denuncias públicas y reportes periodísticos señalan que algunos procedimientos administrativos, como cambios de uso de suelo y licencias de construcción, presentan demoras irregulares que posteriormente son “agilizadas” mediante pagos indebidos, lo que afecta la confianza ciudadana y distorsiona el funcionamiento institucional.
La diputada Alejandrina Corral advierte que la falta de actualización de los instrumentos de planeación urbana, aunada a criterios técnicos no uniformes, ha generado un entorno de incertidumbre jurídica que facilita la discrecionalidad y abre espacio a la intervención de gestores informales.
En ese contexto, la legisladora subraya que estos factores podrían configurar un patrón en el que los retrasos administrativos operan como mecanismos de presión, mientras que los cobros ilegales se convierten en medios para destrabar trámites, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas o incluso en conductas delictivas.
El exhorto contempla solicitar informes detallados a autoridades municipales sobre el número de trámites realizados, tiempos de resolución, criterios aplicados y mecanismos de control, así como requerir a instancias de fiscalización y procuración de justicia información sobre posibles denuncias, investigaciones en curso y acciones emprendidas en materia de combate a la corrupción.
De igual forma, impulsar medidas estructurales como la digitalización de trámites, la homologación de criterios técnicos, la actualización de la planeación urbana y la creación de mecanismos eficaces de denuncia ciudadana, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y fortalecer la transparencia institucional.