- Busca prohibir que servidores públicos reciban sueldos superiores al de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado y limita pensiones conforme al art. 127 constitucional.
- También establece que todas las remuneraciones sean públicas y congruentes a la situación económica y la Hacienda del Estado.
El diputado de Morena Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer límites claros y transparentes a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas en la entidad.
En cumplimiento al mandato del Congreso de la Unión, la iniciativa busca adecuar la Constitución local al artículo 127 federal, atendiendo la obligación de armonizar el marco jurídico estatal en un plazo de noventa días.
“La reforma plateada es apremiante desde la perspectiva de la disciplina presupuestal y la justicia social. Tolerar prestaciones que superen los límites constitucionales federales representa un dispendio injustificado, contrario al principio de justicia distributiva que debe orientar el ejercicio del gasto público”, destacó el legislador de Morena.
Parte de la reforma considera que las remuneraciones deberán ser congruentes con la situación socioeconómica del Estado y las condiciones de la Hacienda Pública; se establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la aprobada para la Gobernadora o Gobernador del Estado.
Asimismo, se prohíbe que un servidor público perciba ingresos iguales o superiores a su superior jerárquico, salvo en casos técnicos o contractuales específicos. La iniciativa también dispone que los tabuladores salariales sean públicos y detallen todos los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.
Además, las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos del Estado y Municipios deberán respetar en todo caso los topes máximos previstos en el artículo 127 de la Constitución federal.
“Este Congreso tiene la responsabilidad de garantizar remuneraciones justas y transparentes, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones, y mediante esta reforma se consolida un marco de austeridad, proporcionalidad y rendición de cuentas que cierra espacios a privilegios y excesos en el aparato público estatal y municipal”, subrayó Molina García.